“Las mafias entre jueces, abogados y fiscales son reales”
Preocupada por la situación del departamento del Atlántico, con relación a la corrupción en los estrados judiciales, la presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, afirma que hoy existe una vigilancia permanente en esta zona del Caribe por actuaciones de togados, fiscales y abogados, pero también de otros intervinientes en la cadena encargada de dirimir las controversias jurídicas.
La reacción de la magistrada se dio en paralelo al informe revelado por la Corporación Excelencia en la Justicia sobre el ejercicio profesional del derecho en Colombia, en el que se advierte sobre el desbordado número de juristas inscritos y que pone al país como uno de los territorios a nivel global con mayor tasa de abogados: 728 por cada 100 mil habitantes.
En diálogo con EL HERALDO, Acosta Walteros sostiene que la alerta ya se tenía desde hace tres años, fecha en la que se puso en funcionamiento la Comisión de Disciplina, pero recientemente el tema se convirtió en prioridad para este alto tribunal por la expresión lanzada por una magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Atlántico para hacer referencia a la corrupción judicial en esta zona del país en todos los niveles de justicia: “Atlántico es el Disney de los estrados judiciales. Aquí tus sueños se hacen realidad”.
“Y la magistrada lo decía con preocupación porque todo lo que no se pueda en el resto del país se puede conseguir en el Atlántico. Eso desafortunadamente pone en entredicho todas las jurisdicciones en el departamento porque uno dice: ¿pero cómo puede estar pasando eso? Ahí empezamos a revisar los temas”, asegura.
En específico, Acosta Walteros señala que hoy existen dos ejes de macro-investigación contra funcionarios y abogados en el departamento que son el robo de tierras y la corrupción judicial.
La primera, según la magistrada, surgió a raíz de la vigilancia ejercida por la Procuraduría.
“Con el tema de tierras el año pasado empezamos a ver que se estaban tomando decisiones por parte de jueces, que no tenían dentro del ámbito de su competencia, temas relacionados con tierras. Bien sea por acciones de tutela o al decidir como procesos de familia u otras circunstancias, digamos totalmente alejados de los temas que deciden sobre títulos de su resorte, resultaban tomando decisiones que perjudicaban a los titulares reales de las tierras y protegiendo derechos de invasores, tal y como lo evidenció la Procuraduría. Hay verdaderos carteles que están haciendo tráfico con los títulos”, asegura.
Solo por citar un caso, recientemente el propietario de una finca llamada Santa Elena, ubicada entre el municipio de Puerto Colombia y el corregimiento de Juan Mina, en jurisdicción de Barranquilla, denunció por diversos medios de comunicación el contubernio entre funcionarios y empleados de la rama judicial, funcionarios públicos, fiscales y abogados, con el fin de arrebatarle la extensión de tierra.
Según el denunciante, desde 2013 se libra una batalla jurídica por tratar de demostrar que este predio, propiedad de su padre fallecido, no es de las personas que dicen tener posesión y que todo ha sido con ayuda de una “empresa criminal de funcionarios públicos y profesionales del derecho”.
Si bien la magistrada precisa que en una investigación contra funcionarios se tiene que partir del principio de la buena fe, que es un principio constitucional, en los casos denunciados o puestos en evidencia pueden llegar a existir cualquier cantidad de faltas disciplinarias.
En uno de los procesos, por ejemplo, se investiga el reparto de un proceso a un juzgado y la queja está referida en que hubo intervención de algunos funcionarios de la Oficina Judicial de apoyo para que ese proceso le cayera a un juez en específico. Hoy este juez está investigado, al igual que el fiscal y los funcionarios de la rama encargados del reparto en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.
Igual ocurre con la investigación abierta contra un magistrado de la sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla que, según la presidenta de la comisión, habría cometido presuntas irregularidades dentro de una acción de tutela que no era de su resorte, pues aparece como denunciante la Superintendencia Nacional de Salud.
No obstante, históricamente la justicia del Atlántico ha sido cuestionada por decisiones a favor de personas con extensos prontuarios delictivos, algunas vinculadas con la mafia y otras relacionadas con escándalos de corrupción. Detenciones domiciliarias, fallos amañados para saquear al erario público, fallos para conceder beneficios y hasta decisiones de libertades a vinculados con grupos armados ilegales se han cocinado en los juzgados locales. “En el Centro de Servicios judiciales todo vale”, asegura una fuente.
“Las mafias entre jueces, abogados y fiscales son reales. No son una invención. Lo estamos identificando porque no es un tema exclusivo de la jurisdicción penal. Lo evidenciamos con el tema civil, a partir de la ocupación de baldíos y del robo de tierras. Pero también lo estamos evidenciando en todos los niveles de la actividad de justicia. Cuando hablo de todos los niveles no son solamente los funcionarios judiciales sino también empleados judiciales y eso es todavía más duro porque son las personas que hacen los repartos, los que tienen que notificar, los que tienen que determinar todo el trámite que puede llevar un proceso”, afirma Acosta Walteros.
Sanciones
Desde el 13 de enero de 2021 la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura fue reemplazada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) y cifras de la Comisión detallan que entre 2021 y 2023, desde que se abrió la Comisión de Disciplina Judicial, en cuatro despachos de magistrados se han recibido 3.203 procesos disciplinarios contra abogados y funcionarios judiciales, y de ese número 1.487 han sido estudiados.
Actualmente hay procesos activos contra 93 abogados y 25 funcionarios judiciales.
El año anterior resultaron sancionados 3 jueces de la República, mientras que 49 abogados fueron castigados entre 2021 y 2023.
“Las sanciones corresponden a faltas contra la honradez, falta por demoras o inicio de diligencias, descuidarlas o abandonarlas, así como no entregar dineros bienes o documentos recibidos, en virtud de la gestión profesional o demorar la comunicación de este recibo”, registra la Comisión.
Un caso reciente de sanción fue la que se aplicó el miércoles 19 de abril contra el juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Orlando José Petro Vanderbilt, relacionado con unas decisiones que favorecieron en su momento a Jorge Luis Alfonso López, hijo de la empresaria del chance Enilce López. Por estos hechos fue notificado con tres meses de suspensión sin derecho a remuneración.
Informe muestra realidad
En un reciente informe divulgado por la Corporación Excelencia en la Justicia —CEJ— se revela que Colombia registró 375.580 juristas inscritos al cierre del año 2022, lo que deja al país, a nivel global, como uno de los de mayor tasa de abogados con un total de 728 juristas por cada 100 mil habitantes, según datos de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA).
Hernando Herrera Mercado, director de la organización, expone que ese incremento en el número de abogados graduados con tarjeta profesional, “que es un título habilitante”, permite desempeñarse en distintas tareas: ejercer la profesión, litigar, vincularse a cargos dentro del sector público o dentro de la rama judicial.
Sin embargo, el informe de la CEJ advierte que solo el 23 % de los programas de pregrado en derecho ofertados por las Instituciones de Educación Superior en Colombia están acreditados como programas de alta calidad. Es decir, de los 196 estudios superiores ofertados por las 114 universidades que cuentan con pregrados de este tipo, únicamente 46 tienen el reconocimiento que les otorga el Ministerio de Educación Nacional, mientras que los 150 programas restantes apenas cuentan con un registro calificado.
En ese aspecto, Barranquilla aparece como la tercera ciudad del país con el mayor número de pregrados en derecho, con un total de 12 programas, pero de esa cifra solo 6 son de alta calidad, según el informe.
Ante eso, Herrera Mercado reconoce que las facultades están desbordadas por ese reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación Nacional. En definitiva propone que el Ministerio sea “más severo, más estricto a la hora de otorgar permisos o avales para que centros académicos o universidades puedan crear facultades de derecho”.
Añade Herrera Mercado que siempre se ha recalcado el daño que las facultades de garaje le generan a la pedagogía de alta calidad.
