Por: Jairo Aníbal Doria
Arranca septiembre con bloqueos y amenazas de bloqueos en vías de diferentes regiones de Colombia, como parte de las protestas de centenares de camioneros que rechazan el reciente aumento de $1.904 en el precio del galón de diésel, autorizado por el Gobierno Nacional.
La medida, implementada desde el sábado 31 de agosto, ha provocado un fuerte descontento en el sector transporte, que desde entonces ha expresado su inconformidad a través de diversas manifestaciones.
El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), Henry Cárdenas, pidió al Gobierno que escuche las preocupaciones del gremio desde la realidad que enfrentan en las carreteras y no desde los despachos gubernamentales.
“Los transportadores vamos a darle el ejemplo al país de que todos podemos construir. El tema no es de hacer un paro nacional, sino de comprender el sentimiento de los colombianos, porque donde llegue a subir el diésel afecta el bolsillo y la canasta familiar de todos nosotros”, expresó Cárdenas.
Tenso panorama en varias ciudades
Las cifras presentadas por Fedetranscarga y la Cámara Intergremial del Transporte indican que por cada aumento de mil pesos en el precio del combustible, las tarifas de transporte tendrían que incrementarse en más del 4%, lo que generaría un impacto directo en los costos operativos del sector y, por ende, en el precio final de los productos transportados.
El presidente Gustavo Petro se pronunció el mismo sábado en su cuenta de X, justificando el incremento en el precio del diésel y subrayando que mantenerlo congelado no es sostenible debido a la deuda acumulada, la cual afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población.
“No podemos mantener el diésel congelado porque la deuda que se genera afecta a los más pobres que dejan de tener recursos presupuestales para calmar el hambre y educarse”, afirmó el mandatario.
Petro también señaló que el transporte de carga ha pasado a manos de grandes corporaciones que importan masivamente tractomulas e imponen los valores de los fletes, situación que ha convertido, según él, a los transportadores en “obreros a sueldo”.
El Gobierno ha defendido la necesidad de este ajuste en el precio del diésel para garantizar la sostenibilidad financiera del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (Fepc) y evitar un desbalance fiscal mayor.
Sin embargo, la medida sigue generando tensiones en el sector transportador, que insiste en la urgencia de un diálogo más cercano con el Gobierno para buscar soluciones que mitiguen el impacto en la economía del país.