Por: Jairo Aníbal Doria
El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió investigación y formuló cargos contra el presidente Gustavo Petro y otros integrantes clave de su campaña, por la presunta vulneración del régimen de financiación de campañas electorales.
La decisión, aprobada con siete votos a favor y dos abstenciones en la Sala Plena del CNE, se basa en la supuesta superación de los topes de gastos establecidos para la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, excediendo en más de $5.355 millones el límite permitido.
El CNE sustenta su actuación en el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia y en la normativa electoral que regula los aportes y gastos de las campañas, específicamente la Ley 1475 de 2011 y la Ley 996 de 2005.
De acuerdo con el informe presentado por los magistrados ponentes Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, la campaña habría ocultado aportes significativos provenientes de organizaciones como la Federación Nacional de Educadores (Fecode) y la Unión Sindical Obrera (USO), lo que se traduce en una presunta violación de las normas sobre transparencia y financiamiento electoral.
En particular, se señalan irregularidades en la financiación de testigos electorales y en la gestión de vuelos utilizados durante la campaña, situaciones que no habrían sido reportadas adecuadamente.
Según el señalamiento, los excesos presupuestales señalados ascienden a $3.709 millones en la primera vuelta y $1.646 millones en la segunda, en clara contravención de los límites establecidos por la Resolución 0694 de 2022, emitida por el propio CNE.
Reacción del presidente Petro
Ante la formulación de cargos, el presidente Gustavo Petro respondió de manera contundente en una alocución en la que denunció, que esta decisión es un primer paso hacia un “golpe de Estado” en su contra.
Petro sostuvo, que la medida vulnera el fuero presidencial y calificó al CNE como un organismo infiltrado por intereses políticos que buscan desestabilizar su mandato.
El mandatario subrayó que 11 millones de colombianos lo eligieron democráticamente y advirtió sobre los riesgos que la actuación del CNE supone para la estabilidad institucional del país.
Petro también cuestionó las acusaciones específicas del organismo electoral, afirmando que los aportes de entidades como Fecode y la USO no fueron destinados directamente a su campaña, sino al partido Colombia Humana, lo cual, según él, no representa una irregularidad bajo la normativa vigente.
Asimismo, alegó que los gastos reportados a tiempo y validados por una auditoría externa fueron ignorados por el CNE, insinuando una persecución política encubierta.
El presidente hizo un llamado a la movilización popular para defender la democracia y solicitó que se haga público el expediente completo de la investigación, destacando la existencia de más de 25 pruebas testimoniales y 34 documentales que, a su juicio, demostrarían la transparencia de su campaña.
Contexto jurídico y político
Aunque la Sala Plena del CNE aprobó la medida con siete votos a favor y dos en contra, quedó en evidencia la fractura interna entre los magistrados sobre la competencia legal para investigar al Presidente Petro.
Las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Ramírez votaron en contra de la decisión, argumentando, en particular, que el CNE no tiene facultades para adelantar este tipo de investigaciones contra un presidente en ejercicio.
En declaraciones a los medios, la magistrada Ramírez afirmó que la instancia competente para llevar a cabo el proceso es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y que cualquier sanción eventual debería ser decidida por el Senado.
“Mi postura respecto a la competencia del Consejo Nacional Electoral ha sido clara. No estoy de acuerdo con que el CNE investigue al presidente. Este es un asunto que le corresponde al Congreso, a través de la Comisión de Acusaciones, que es la autoridad que la Constitución ha establecido para estos casos”, expresó Ramírez en una entrevista para La FM.
La división en la votación refleja un problema jurídico clave: la interpretación de las facultades del CNE para investigar presuntas irregularidades en la financiación de campañas, especialmente cuando involucra a un presidente en ejercicio.
El artículo 109 de la Constitución y las leyes 1475 de 2011 y 996 de 2005, establecen parámetros claros para el control y seguimiento de la financiación electoral, pero el alcance de estas disposiciones en relación con la figura presidencial, genera debates.
Para Ramírez y Márquez, la investigación debió remitirse al Congreso, en virtud de lo estipulado en el artículo 178 de la Constitución, que otorga a la Comisión de Acusaciones, la competencia exclusiva para indagar a los presidentes.
Según la postura de Ramírez, el proceso en el CNE vulnera el principio de competencia establecido en la Carta Política, lo que podría generar un conflicto de tipo institucional y legal.
El desacuerdo, no solo tiene implicaciones procedimentales, sino que abre una discusión más amplia sobre el papel de los organismos de control en la fiscalización de las campañas electorales de los más altos funcionarios del Estado.
Los magistrados ponentes, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, defendieron la decisión de investigar la campaña de Petro, argumentando que la normativa electoral vigente, otorga al CNE facultades suficientes para sancionar cualquier irregularidad en el financiamiento electoral, sin distinción de la posición que ocupe el candidato en cuestión.
Expectativa ante el avance del proceso
A pesar de su oposición, Ramírez reconoció que, al haberse aprobado la investigación, el proceso seguirá su curso hasta que se agoten todas las instancias.
“Hay que esperar que los ponentes continúen con el proceso y, al final, tomen la decisión que consideren adecuada en función de las pruebas y de los argumentos presentados por las partes procesales”, aseguró la magistrada.
El presidente Petro ha anunciado que solicitará la publicación del expediente completo, que incluye pruebas testimoniales y documentales, para demostrar la transparencia de la campaña.
Mientras tanto, el proceso ante el CNE sigue su curso bajo la dirección de los magistrados Prada y Ortiz, quienes se mantienen firmes en su postura inicial de investigar y sancionar las presuntas irregularidades en los aportes y gastos de la campaña.
La posición Salomónica
Expertos consultados, aseguran que dadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo más probable es que el trámite continúe pero en un futuro próximo, el CNE adoptará una “postura salomónica”, en la que continuará con el proceso respecto al gerente de la campaña Petro, Ricardo Roa y demás involucrados ( la tesorera, Lucy Aydee Mogollón; los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; y, los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica) pero, con respecto al Presidente, el expediente sería remitido a la comisión de acusaciones de la cámara, instancia que definiría si el proceso hace tránsito a la Corte Suprema de Justicia.
En declaraciones a los medios desde que se posesionó como Presidente del CNE, el magistrado César Lorduy, ha sido enfático en afirmar: “No tenemos competencia alguna para sancionar al presidente Petro”