Por: Jairo Aníbal Doria
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, presentó ante el Congreso los resultados de la Cuenta General del Presupuesto y la Situación de la Deuda Pública para la vigencia 2023, emitiendo una opinión desfavorable sobre el manejo presupuestal del país.
El informe reveló inconsistencias por un valor de $60,2 billones, lo que llevó al organismo a determinar que las cuentas fiscales no reflejan adecuadamente la situación financiera del Estado.
Durante la exposición ante la Comisión Legal de Cuentas del Congreso, Rodríguez Becerra destacó que, aunque en 2023 se generaron $17 billones adicionales para financiar el presupuesto, la misma cantidad se perdió en apropiaciones no utilizadas, lo que subraya la ineficiencia en la ejecución del gasto público.
De los $423,17 billones previstos, solo se comprometieron $405,64 billones y se pagaron $370,66 billones, lo que implicó una ejecución presupuestal del 89,8%, insuficiente frente a las necesidades del país.
El informe también puso de relieve la necesidad de reevaluar el uso de las vigencias futuras, cuya ejecución alcanzó solo el 79%, a pesar de representar el 12% del presupuesto sin deuda.
Estas ineficiencias han afectado áreas estratégicas, como el gasto social, donde más de $10 billones no fueron ejecutados, lo que compromete la capacidad del Estado para atender las necesidades básicas de la población.
Rodríguez Becerra alertó sobre el creciente nivel de endeudamiento en los departamentos y ciudades capitales del país.
La deuda territorial asciende a $7,89 billones, concentrada en cuatro departamentos —Antioquia, Cundinamarca, Atlántico y Valle del Cauca— que acumulan el 65% del total.
Además, las capitales concentran $17,2 billones de deuda, con Bogotá a la cabeza, lo que plantea riesgos para la sostenibilidad financiera de estas entidades.
Finalmente, el Contralor General subrayó la importancia de una reforma tributaria integral que no solo recaude más ingresos, sino que distribuya equitativamente la carga impositiva, evitando medidas fiscales de corto plazo que no logran cubrir las brechas de financiamiento del Estado.