Por: María Isabel Ortiz Fonnegra
Bogotá. El pasado 20 de julio Colombia fue el primer país que llevó a una discusión legislativa la regulación de la quinta droga más consumida en el mundo y la segunda más incautada, según cifras de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: la cocaína.
En el Congreso fue radicado un proyecto de ley de los senadores Iván Marulanda, del Partido Verde, y Feliciano Valencia, del Mais, que busca cambiar la guerra con la que país lleva décadas enfrentando el narcotráfico, sin lograr acabarlo pero con altos costos en vidas y dinero.
La iniciativa, que desde ya genera discusión, plantea el control del Estado de la producción y comercialización de la hoja de coca y la cocaína para arrebatarle a las mafias este negocio.
También aborda la regulación aludiendo a derechos como la vida digna, la salud, y el libre desarrollo de la personalidad, así como a la necesidad de reducir los riesgos por consumo.
Además de permitir el uso recreativo, se busca incentivar los usos médicos, nutricionales e investigativos de la hoja de coca, fomentar el desarrollo rural y proteger el medioambiente.
Con estrictas medidas de control, solo los adultos podrían adquirir, tras inscribirse en una base de datos y asistir a una cita médica, máximo un gramo de cocaína a la semana.
El proyecto no cierra la posibilidad a exportaciones, pero no a mercados abiertos de consumidores sino como acuerdos de país a país para investigación científica, y se harían respetando la normatividad vigente en cada país.
Y como Colombia no es un gran consumidor de cocaína, la última Encuesta Nacional de Consumo señala que solo el 3,2 por ciento de los colombianos la había consumido alguna vez, y no agotaría su propia producción, se plantea la creación de un fondo internacional para financiar la destrucción segura del excedente, de modo que esta no llegue a los mercados ilegales nacionales o internacionales.
Esto tomando en cuenta que en 2019, según la medición Simci de la ONU, había sembradas 154 mil hectáreas de coca y se produjo un estimado de 1.137 toneladas de cocaína, siendo Colombia el mayor productor de esta droga en el mundo.
«Este proyecto de ley hace parte de la lucha contra el narcotráfico porque se trata de desaparecer a esas mafias que se lucran destruyendo, en el camino, al pueblo colombiano», dijo el senador Marulanda, quien añade que él ha sido víctima de esa guerra contra el narcotráfico, y de ataques y atentados como los que le costaron la vida al exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, al excandidato presidencial Carlos Galán y otras personas que se opusieron a este negocio ilícito.
Añadió que mientras el mercado sea controlado por organizaciones criminales «la sociedad está expuesta a todo tipo de riesgos, pues estas buscarán su lucro sin importar límites legales y morales», pero, si el Estado maneja el tema, se puede controlar el consumo, mejorar la prevención y reducir los riesgos asociados al uso, parte de los cuales son que las redes criminales mezclan y rinden la droga con químicos peligrosos, como lo advertido en varias oportunidades el Ministerio de Justicia.
El proyecto tiene por delante un camino con muchas dudas, una es si la permisión puede llevar a un aumento del consumo y la adicción.
Frente a esto, Isabel Pereira, coordinadora de política de drogas de Dejusticia, explicó que el estimado global de consumidores problemáticos de drogas es de un 10 por ciento del total, y citó el ejemplo de Uruguay, que aunque aumentó levemente su consumo de cannabis tras la regulación, ese aumento fue inferior al de países vecinos que lo prohíben.
«Es falso la idea de que la sola disponibilidad de una droga automáticamente lleva a un consumo problemático», resumió.
«Mientras sea ilegal, será imposible impedir su enorme daño a la sociedad».
De otro lado, legalizar la cocaína vulneraría tratados internacionales contra las drogas suscritos por el país, aunque la iniciativa plantea tres alternativas frente al tema.
El senador José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, indicó que se «opondría completamente» a un proyecto como este, «pero antetodo por razones geopolíticas, Colombia no puede convertirse en un país paria y de liberación del mercado de drogas, aisladamente del contexto», expresó, tras indicar que no hay resultados concretos de los efectos que la regulación de diferentes drogas ha tenido a nivel social en otros países.
Para el senador Rodigo Lara, de Cambio Radical, precisamente las normas internacionales son lo que hace inviable, por ahora, una regulación.
«Esa regulación llegará en algún momento, pero el problema radica en que legalizar la cocaína no puede ser una decisión unilateral de Colombia, debería ser un factor de integración diplomática; en el entretanto, no tenemos alternativa distinta a combatir a los grupos criminales», consideró.
Además, para Daniel Rico, investigador experto en narcotráfico, la regulación podría no impactar tanto las redes criminales que «se trasladan de una economía criminal a otra, en el hipotético caso de una baja en la producción de coca, repuntarían con la minería ilegal, el contrabando u otros», indicó, y añadió que hoy no hay un mercado real medicinal o científico de la coca, que permitiera amparar la regulación en esos aspectos.
Pero para Daniel Mejía, profesor de Economía de la Universidad de los Andes y experto en seguridad y drogas, el país «ya lo ha intentado todo desde el punto de vista punitivo: fumigaciones, interdicción, captura de capos y extradición, sin mayores resultados de reducción del narcotráfico», mientras que alternativas de regulación de otros mercados que en su momento fueron ilegales, como el alcohol y el cannabis, «han funcionado como el mejor mecanismo para quitarle las rentas a los grupos criminales».
El debate político y público que este proyecto de ley abrirá será duro, reconoció el mismo Marulanda, quien dijo que no por esto hay que dejar de abrir la discusión sobre regular un producto «que mientras sea ilegal, será imposible impedir su enorme daño a la sociedad».
Fuente: ElTiempo.com
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