Representantes de las curules de paz no están de acuerdo en que se realice audiencia con Mancuso

Bogotá. Los representantes a la Cámara de las curules de paz no consideran conveniente realizar una audiencia con Salvatore Mancuso, así lo expresaron por medio de un comunicado tras conocer la carta enviada por quien fue jefe de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia al presidente Gustavo Petro.

En dicha misiva, Mancuso pide que el Clan del Golfo tenga estatus político y que se realice una audiencia pública para debatir lo relacionado con la ‘paz total’.

Los congresistas señalaron que si bien respaldan el propósito del presidente Petro de desactivar organizaciones armadas de distinta naturaleza, que continúan ejerciendo violencia en distintas regiones del país, no están de acuerdo con que en el proceso intervengan personas que no han mostrado voluntad de sometimiento.

“No consideramos conveniente en estos momentos la realización de una audiencia pública en el Congreso en la que intervengan personas respecto de las cuales no haya comprobada voluntad de sometimiento. Esta situación que corresponde verificar exclusivamente al Gobierno Nacional, y después a los organismos judiciales, que certificarán si se han cumplido los requisitos legales que se establezcan para un eventual sometimiento”, indicaron por medio de comunicado.

En ese sentido, explicaron que la realización de una audiencia de esas características sin esa verificación se podría convertir en una ofensa para las víctimas que no han sido reparadas, ni a las que se les ha pedido perdón, por parte de personas que no han mostrado arrepentimiento genuino por su accionar.

“Cualquiera que sea el acuerdo que se logre o las normas que se adopten, todas ellas deben tener como eje central la garantía de los derechos de las víctimas y el compromiso de no repetición. Los proyectos de ley que se pongan a nuestra consideración contarán con nuestro apoyo sólo en cuanto aseguren esos derechos”, puntualizaron.

Finalmente, manifestaron que comparten la idea que es necesario distinguir las organizaciones que en su origen tienen propósitos políticos, y por tanto, pueden tener ese tratamiento y celebrarse con ellas, acuerdos en el marco del Derecho Internacional Humanitario; sin embargo, las que nunca han tenido esa condición deben acogerse a un proceso de sometimiento a la justicia.