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Investigación de ‘falsos positivos’ en la JEP avanzará a altos mandos militares

Tras haber imputado ya a 59 máximos responsables en distintas regiones del país por la comisión de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanzará en una investigación de arriba hacia abajo para concentrarse en el análisis de las responsabilidades de los altos mandos militares entre 2005 y 2008.

Así lo anunció este lunes la JEP, que aclaró que no se abrirán nuevos casos territoriales sino que seguirán andando los seis subcasos que están en investigación actualmente, y los crímenes fuera de esas regiones priorizadas serán abordados mediante casos ilustrativos.

La nueva estrategia investigativa de la JEP pretende ver si los patrones macro criminales determinados en Antioquia, Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila fueron replicados en otros territorios y respondieron a factores comunes de alcance nacional.

“Esta decisión se adopta después de concluir que los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en cada departamento respondieron a patrones comunes que fueron ejecutados por organizaciones criminales enquistadas en las unidades militares territoriales”, señaló el magistrado Óscar Parra en una rueda de prensa.

El magistrado explicó que “sin interrumpir el trabajo en los casos priorizados, la JEP investigará patrones comunes que hicieron posible que estos hechos se reprodujeran a nivel nacional”.

Así mismo, señaló que no se atribuirá responsabilidad a algún alto mando solo por su jerarquía o posición de mando, sino que se busca garantizar que toda imputación a altos mandos y agentes estatales esté debidamente sustentada con la evidencia judicial sobre su participación directa o indirecta, activa u omisiva, en el desarrollo de la práctica criminal.

“Se trata de identificar si hay o no bases suficientes para determinar que miembros de la Fuerza Pública en el nivel divisional y/o nacional tuvieron conocimiento de la sistematicidad y generalidad de los crímenes. Si participaron de manera directa o indirecta, por acción u omisión en las políticas o patrones de macrocriminalidad, y/o si actuaron o no con la debida diligencia para detener oportunamente los crímenes, teniendo los medios para hacerlo”, sostuvo Parra.

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