Inicia trámite de la reforma pensional, estas son las cuentas del Gobierno
En el contexto político de Colombia, el Ministerio del Trabajo se encuentra en una fase crítica para asegurar la aprobación de la reforma pensional ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Bajo la dirección de la ministra Gloria Inés Ramírez, el equipo gubernamental ha intensificado sus esfuerzos durante tres semanas de reuniones con legisladores para allanar el camino hacia la aprobación de la medida, enfrentando simultáneamente el escándalo por una supuesta compra de votos.
A partir del miércoles 8 de mayo, se espera que la reforma pensional, recientemente aprobada en la plenaria del Senado, entre en discusión. Al mismo tiempo, se plantea una situación de incertidumbre en torno a la posible presentación con mensaje de urgencia de una nueva reforma a la salud por parte del Gobierno, lo que podría complicar la agenda legislativa de la Comisión.
En las negociaciones también se ha discutido sobre la reforma laboral, la cual se encuentra en un impasse debido a la resistencia de varios sectores políticos a aprobar los artículos relacionados con la negociación colectiva.
La decisión de la presidenta de la Comisión, María Eugenia Lopera, sobre si priorizar el debate de la reforma pensional o el laboral será crucial para el desenlace de estas negociaciones. Además, la habilidad de la ministra Ramírez para conciliar el contenido del texto de la reforma con los legisladores podría determinar el éxito de esta iniciativa legislativa.
La estrategia del Gobierno está claramente enfocada en asegurar un camino favorable para la reforma pensional, reconociendo la adversidad que representa el estrecho marco de tiempo hasta el 20 de junio, fecha límite antes de la cual debe tramitarse la medida para evitar su hundimiento. Esta maniobra se ve complicada por la posibilidad de que la agenda legislativa de la Comisión Séptima se vea repentinamente congestionada por una urgente reforma a la salud, intensificando aún más el clima de incertidumbre política.
No se llega al umbral con facilidad
Al país le espera una intensa negociación sobre el futuro de la reforma pensional se lleva a cabo, concentrando la atención en la controversial propuesta de cambio en el umbral de cotización. Según fuentes de consultadas por Semana, el Ministerio del Trabajo ha estado en conversaciones durante tres semanas con legisladores de diversos partidos para discutir las reformas laboral y pensional. No obstante, parece que solo la reforma pensional tiene viabilidad política en el actual período legislativo, que se extiende por 55 días más.
La figura central de esta negociación es la representante María Eugenia Lopera, del Partido Liberal, quien junto con el político antioqueño Julián Bedoya, un aliado clave del presidente Gustavo Petro, juegan roles decisivos. La controversia surgió cuando, tras un acuerdo preliminar en el Senado que proponía reducir el umbral de cotización en Colpensiones de tres a 2,3 salarios mínimos, el presidente Petro sugirió aumentarlo a cuatro salarios. Esta maniobra del presidente ha sido interpretada como una estrategia para desviar la atención sobre la cuestionada sostenibilidad fiscal del sistema pensional propuesto.
Los miembros de la Comisión Séptima de la Cámara, en especial los cuatro representantes liberales (Lopera, Germán Rozo, Héctor Chaparro y Hugo Archila), expresaron su descontento debido a la contradicción entre lo pactado inicialmente y la posterior propuesta del presidente. Según ellos, la expectativa era mantener el umbral acordado con el Gobierno en 2,3 salarios mínimos, y no a los cuatro salarios sugeridos posteriormente por Petro. Uno de los legisladores compartió que Lopera intentó posponer el proceso de trámite de la reforma como señal de desaprobación a este cambio inesperado, aunque ella misma aclaró que su decisión de postergar no estaba relacionada directamente con la disputa sobre el umbral.
Ante tal contexto, se prevé una reunión crucial el lunes 6 de mayo por parte de los liberales de la Comisión Séptima, con el objetivo de unificar una postura respecto a la reforma pensional.
Las cuentas del Gobierno
Con 21 escaños en juego, la balanza parece inclinarse hacia la aprobación de esta reforma, contando ya con 13 votos a favor. La configuración del voto revela una clara mayoría que apoya la iniciativa, destacando los cuatro escaños del Pacto, los dos de la Alianza Verde y un escaño del Partido Comunes. Sin embargo, la oposición, aunque en minoría, con cuatro votos fijos contra la reforma —dos del Centro Democrático y dos de Cambio Radical—, mantiene una presión constante.
En este contexto, surgen voces indecisas dentro del Partido de la U, específicamente los representantes Camilo Ávila y Víctor Manuel Salcedo, quienes han expresado la necesidad de analizar más a fondo las ponencias antes de definir su posición. Salcedo, alineándose con su compañera de bancada, la senadora Norma Hurtado, ha propuesto un punto específico: reducir el umbral de cotización en el fondo público al 1,5%.
La reforma pensional enfrenta además desafíos adicionales, como el reciente artículo aprobado por la plenaria del Senado, que busca permitir pensiones anticipadas para las comunidades campesinas, una medida que, aunque busca ampliar la cobertura y justicia social del sistema, plantea interrogantes sobre su viabilidad financiera. Este punto ha generado resistencia, especialmente entre aquellos que se identifican como independientes u oposición, debido a las implicaciones financieras que conlleva.
Pero quizás el giro más inesperado en este debate lo constituyen las declaraciones del exfuncionario de la Ungrd, Sneyder Pinilla, que han sacudido el ya tenso ambiente legislativo. Las afirmaciones de Pinilla sobre supuestos pagos en efectivo a los presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, para favorecer la tramitación de las reformas añaden una capa de controversia y cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso legislativo.
La estrategia del Gobierno para asegurar la viabilidad de la reforma pensional se refleja en la propuesta de consolidar una ponencia única sobre el texto, pese a las marcadas diferencias que surgen dentro del abanico político sobre cómo abordar los diversos temas en discusión. Figuras como el representante Salcedo y la representante Alexandra Vásquez emergen como posibles ponentes, subrayando el dinámico e incierto paisaje político que rodea esta crucial reforma.
