Cada vez que lamentablemente suceden unos hechos como consecuencia del ejercicio de la autoridad por parte de miembros de la Policía Nacional, cuya responsabilidad recae en los ejecutores de tales acciones, muchas veces cuestionadas y otras veces justificadas, aparecen personajes “exigiendo” una reforma integral al estamento policivo, sin más fundamentos que la crítica hacia actuaciones individuales de policías.
“Reformar o reestructurar” un cuerpo policial no es, ni ha sido nunca, tarea fácil. Históricamente, las reformas policiales sólo son asumidas por un Gobierno cuando la situación de corrupción, incompetencia e incapacidad por parte de una policía para controlar la criminalidad y atender adecuadamente las necesidades de la ciudadanía en esas materias, ha llegado a un estado de crisis.
Es casi siempre un gran escándalo, o un hecho específico de corrupción o ‘brutalidad policial’ el detonante de la crisis.
La ciudadanía en general, los sectores económicos y los medios, exigen acciones inmediatas a los mandatarios y señalan al cuerpo policial de corrupto y distante.
Por su parte, la institución policial defiende su gestión y justifica sus fracasos con la falta de recursos económicos y legales, y en la falta de solidaridad por parte de la ciudadanía, así quedó establecido en un estudio realizado por Pablo Casas Dupuy, Investigador de la Fundación Seguridad y Democracia, MA. en Internacional Security Studies de la Universidad de Reading, Inglaterra.
En Colombia el cuerpo de Policía está enmarcado dentro de la Constitución de 1991, como un cuerpo de naturaleza civil.
En su Artículo 218. “La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario”.
La Corte Constitucional definió su caso como especial, teniendo en cuenta el conflicto armado en que se encuentra el país, situación ésta que no ha variado.
Ahora bien, se discute si la Policía debe estar armada en razón a su naturaleza civil. Hay que dejar en claro, que son las autoridades de policías o militares son quienes en razón de sus funciones deben portarlas.
No se entiende un policía desarmado en nuestro país o el Tercer Mundo que ejerza su vigilancia y control sin un arma de dotación.
Para que ello ocurra debería existir una clara disciplina social y un respeto a la autoridad, situación ésta que indudablemente no se da en nuestro entorno.
Vemos países como El Reino Unido, Irlanda, Islandia, Noruega y Nueva Zelanda, además de un puñado de naciones isleñas del Pacífico, los oficiales suelen patrullar desarmados.
Solo algunos cuerpos especiales tienen permitido portar pistolas o similares, y únicamente en situaciones determinadas.
Para que eso ocurra, debe existir además de las circunstancias expuestas, un sentido de orden y respeto a la autoridad.
El Presidente Duque a través de su ministra del Interior, ha manifestado su intención de hacer una reforma pero buscando más la profesionalización del policía y acercarlo a los derechos humanos.
Por supuesto, esa decisión no fue compartida por algunos que pretenden desarmar la policía con fines non sancto y con réditos políticos.
Debemos rodear a nuestras autoridades legítimas y a nuestra Policía Nacional, que cuenta con más de 130 años de existencia y está reconocida a nivel mundial.
En esa medida se debe rechazar los actos vandálicos ocurridos hace unos días contra la institución policiaca, contra la integridad de sus miembros y contra la seguridad ciudadana.
Las autoridades judiciales que investigan esos hechos tendrán la oportunidad de sancionar a esos individuos por sus faltas y actuar con todo el peso de la ley y la institución tomar los correctivos necesarios para que prevalezca la profesionalización del individuo integrante de esa fuerza.
Vale la pena volver a creer en la justicia, en el entendido claro que una desmilitarización es inconveniente dada las circunstancias de nuestro país.
Pretender volver al policía de barrio con única arma su bolillo de mando en una sociedad infestada de odio e indisciplina social sumada a la falta de respeto a la autoridad, sería una quimera.
A la Policía hay que rodearla y defenderla por cuanto, son ellos a los que acudimos en procura de protección ciudadana ante eventuales peligros a nuestra integridad física o patrimonial.
Recordemos la Misión de nuestra Policía Nacional: “El fin primordial de la Policía Nacional es el mantenimiento de la convivencia como condición necesaria, para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz fundamentada en el código de ética policial”.
Es bueno recordar los principios y fundamentos que ameritan la existencia de ese cuerpo de seguridad ciudadana, para tener en cuenta al momento de solidarizarse con hechos que atenten contra la institucionalidad policiva.
El lunes pasado se presentaron manifestaciones en todo el país y de nuevo vandalizaron las ciudades y atacaron a la fuerza pública. La Policía Nacional debe garantizar las protestas pero pacíficas y defender con todas sus facultades el orden social.
Quedó demostrado que las marchas son para crear caos más no para protestar, con policia armada no. Habría que establecer la responsabilidad en los desmanes a los dirigente del denominado Paro Nacional.
Nota al margen: Hay que diferenciar claramente entre la Policia (institución) y el policía. (individuo).
“Opus iustitiae pax – El trabajo de paz es justicia”- (Término eclesiástico – epístola y lema del Papa Pius XII).
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