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Colombia, ¿un Estado abierto a todos los sectores?

Ante los conflictos suscitados en estas últimas semanas con relación al movimiento social de los indígenas de la minga y su decisión radical de provocar ultimátum o emplazar al gobierno colombiano en razón a que el presidente, se abstiene de realizar diálogos con este sector y por ende, realizarán sus manifestaciones mediante revueltas y otro tipo de vías de hecho no legitimadas, surge la pregunta en concreto sobre si ¿Colombia es, un estado abierto, o es un estado poroso?, o un poco de ambas vertientes.

Desde el punto de vista sociopolítico  que se mire, Colombia, por ser un estado social de derecho, formado como república unitaria y descentralizada,  laico y con derechos, principios  y garantías constitucionales más amplios debido a la entrada en vigencia de la Constitución antropocéntrica de 1991, se debería considerar bajo el citado estamento como un estado abierto e incluyente, fundamentando en el respeto a la dignidad humana, en los derechos humanos y en la prevalencia del interés general sobre el particular.

Enfatizándonos en el modelo de Estado de Colombia, podemos enfocarnos en la derivación que ha tenido la soberanía popular en nuestro país, ya que, con la entrada de la constitución de 1991, el Estado social de derecho es un estado antropocéntrico, es decir, al servicio de la ciudadanía y por tanto la soberanía ya no es nacional, sino popular por tratarse de la trascendencia de los derechos y garantías individuales y colectivos de los gobernados frente al aparato estatal.

No obstante, en el plano de la realidad, existen muchas corrientes vertiginosas que no lo hacen, en esencia, un estado abierto.

Es bien sabido que en nuestro país, desde hace varias décadas, la reiterada cadena de actos violatorios de los más básicos derechos humanos, en particular los que tienen que ver, a manera de ilustración, con el asesinato de actores y líderes sociales por parte de las Fuerzas Armadas revolucionarias o grupos armado ilegales distintos a las Farc, no son novedad, ya que así se presentan las formas de reprochar la acción negligente e inequitativa  del Estado desde hace bastante tiempo.

Estos actos de violencia en contra de lo más sagrado en cualquier sociedad, que es  la vida se presentan cuando por una u otra circunstancia hay altercados o conflicto armado entre agentes de las Fuerzas Armadas ilegales  (ELN, BACRIM, FARC) y líderes sociales miembros de sectores indígenas como los  indígenas paeces, guambianos, yanaconas, totoroes y coconucos.

Aunado a lo anterior, no  podemos dar una  explicación justificadora, otorgándoles amnistía a todos los actos rebeldes o vías de hecho sin observar detenidamente el caso en concreto y  sin que se asuma las consecuencias de los ideales  que proclaman, a pesar de algunas acciones ilicitas, considerando  que ya se han intentado presentar mesas de diálogos y soluciones alternativas al modelo social, político, económico, agrario, cultural, urbano, militar, etcétera.

Sin embargo, parte del sector indígena protesta en razón a que el Estado Colombiano no tiene en cuenta la importancia de las culturas indígenas y el rol que estos representan en su área cultural.

Muchos indígenas, como actores y líderes alegan que buscan  con su actuar y su ejemplo ayudar a construir un país con fundamento en la  justicia, igualdad, solidaridad, con base en una DEMOCRACIA REAL, no formal o  escrita en letra muerta.

En síntesis, tales maniobras, por parte de fuerzas subversivas en el sentido de persistir como parte de un burdo juego de Presidencia vs sector indígena, hace cada vez más difíciles los escenarios de transformación real que susciten a  avanzar hacia una época de renaciente paz y un país justo para todos.

Por tanto, es deber imperativo del Gobierno Colombiano aunar esfuerzos y realizar todas las gestiones tendientes en aras a lograr una conversación formal, (sea virtual o presencial) mancomunada y con todos los protocolos y garantías, con los sectores indígenas convocantes al diálogo, escuchando todas y cada una de sus propuestas, inquietudes, problemáticas sociales, políticas y económicas y todas las demás vicisitudes que se hayan originado en el antedicho sector a fin de lograr una pronta solución o alternativa de solución y consecuentemente amparar los derechos afectados de la jurisdicción indígena afligida.

Cabe mencionar que actualmente  Colombia, aún en medio de la pandemia, está en proceso de reconstrucción y entregando un mensaje de paz y reconciliación mediante las mesas de dialogo en aras a lograr ser, en medio de las divisiones políticas izquierda-derecha,  un Estado abierto, lo cual sería  ejemplo tanto a nivel Nacional como en América Latina en materia de solución de conflictos por la vía del diálogo y utilizando el mecanismo de una democracia real que resuelva intereses generales sobre los particulares o personales.


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