Mucho se dice y poco se sabe de la educación como un derecho contemplado en nuestra carta magna en el artículo 67: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”.
Una vez reconocido por el mismo gobierno no habría lugar a su violación y menos por los particulares que prestan el servicio educativo, teniendo en cuenta que estos últimos tienen un negocio que genera ‘utilidades’ a diferencia de las instituciones oficiales y de acuerdo a los fines del Estado su utilidad está en “generar bienestar social”.
Sin embargo, el tener un negocio con esas características NO lo exime de responsabilidades y en cumplimiento de las normas que regulan la actividad.
Hemos cumplido un año exactamente de esta terrible pandemia que nos trajo un modelo de realidad distinto, pero que también nos mostró lo bueno, lo malo, pero sobre todo lo perverso que puede llegar hacer una sociedad aún en los momentos más complejos de la vida.
Muchos negocios se han visto afectados, la industria del entretenimiento está completamente quebrada, igual el sector turístico y así innumerables sectores, a diferencia de los bancos que, en nuestro país, tienen pregorrativas de todo tipo y que parecieran ser intocables, generando riqueza por segundo exprimiendo los bolsillos y la paciencia de todos los colombianos.
Y a ese gran grueso de banqueros, ahora se les quieren sumar algunos colegios privados de la ciudad que parecieran ser estados independientes con sus propias leyes. Los rectores de algunas instituciones educativas privadas han tenido, a bien, negar el derecho a la educación so pretexto del atraso en las mesadas, en ocasiones hasta de un día.
Hay otras que han ido más allá y se han alineado con el modelo Icetex cobrando intereses de mora con una fórmula que pareciera ser la misma de los bancos. Resulta sorprendente tal actitud teniendo en cuenta que desde todos los ministerios se hacen esfuerzos para enfrentar los estragos económicos que está dejando la pandemia.
Estas instituciones educativas al mejor estilo de la guerrilla cuando tiene un secuestrado ejercen en los padres de familia muchos de ellos sin trabajo producto de la crisis a una presión económica y psicológica, dado que estudiante que No este al día no le es asignada plataforma.
Lo anterior, demuestra sin duda una actitud egoísta y poco solidaria. Son expertos en poner sobre la mesa las dificultades para funcionamiento, pero no nos exhiben el ahorro en costos, en el entendido que sus plantas físicas no están en funcionamiento, lo que les genera ahorros significativos en agua, luz y mantenimiento, costos que se le han trasladado a los docentes que generan sus contenidos educativos desde sus hogares.
Y la pregunta podría ser ¿sí se mejoraron las condiciones salariales de los docentes? Y es que no solo es el tema económico si no ético y moral.
Es tan preocupante el asunto que algunos en sus propias páginas han violado todo tipo de principios, incluso de la dignidad humana, reservándose el derecho de admisión, sin ningún sustento legal.
Hecho que atenta contra todo precepto de igualdad y que, en materia de un derecho como la educación, resulta ser inadmisible. Este país tiene métodos de regulación a los que hay que someterse. En tal virtud es vital recordarles que el servicio que las instituciones educativas privadas prestan como negocio es de los más importantes derechos y hay que respetarlo.
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