Por: Jairo Aníbal Doria
La expansión de los supermercados de descuento en Montería ha encendido una discusión sobre el futuro de las tiendas de barrio.
La advertencia de que por cada nuevo D1 o Ara cerrarían veinte pequeños establecimientos encuentra respaldo en la preocupación de los comerciantes, pero no en una relación estadística demostrada.
La investigación académica revela una realidad menos simple: el comercio tradicional enfrenta pérdidas de rentabilidad, dificultades para modernizarse y cambios en los hábitos de consumo, mientras las cadenas también generan empleo y amplían las opciones de compra.
La controversia surgió tras las declaraciones del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, Álvaro Segrith Sepúlveda, quien alertó sobre el desplazamiento del comercio tradicional y propuso revisar, mediante el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la ubicación de las cadenas de descuento en sectores residenciales.
La inquietud tiene fundamento. Detrás del mostrador de una tienda de barrio suele sostenerse una economía familiar, construida entre el crédito de confianza, la cercanía con el vecino y una clientela que durante generaciones ha encontrado allí mucho más que productos de primera necesidad.
Sin embargo, esa relación comercial compite ahora con precios, promociones y sistemas de abastecimiento que transforman las decisiones de compra.
Presidente Cámara de Comercio de Montería
Una investigación publicada en 2024 por académicos vinculados a la Universidad del Sinú examinó la situación de veinte tiendas de los barrios Juan XXIII y El Dorado, en la comuna 1 de Montería.
El estudio encontró que el 95 % de los comerciantes consultados percibía un aumento de la competencia tras la llegada de D1 y Ara. También recogió testimonios sobre disminuciones en las ventas.
Aunque el trabajo ofrece un antecedente local relevante, su muestra reducida y algunas inconsistencias entre gráficos e interpretaciones impiden extender sus conclusiones a toda la ciudad. Tampoco permite establecer cuántas tiendas cerraron como consecuencia directa de la apertura de esos supermercados.
Otra investigación, desarrollada por académicos de la Universidad de Córdoba y presentada en 2024, abordó una debilidad menos visible: la escasa digitalización del comercio tradicional.
A partir de aproximadamente 65 respuestas analizadas, encontró que cerca del 92 % de los establecimientos consultados carecía de una persona encargada de incorporar herramientas digitales al negocio.
El hallazgo amplía la discusión. La supervivencia de una tienda no depende únicamente de quién abre al otro lado de la calle, sino también de su capacidad para administrar inventarios, reducir costos, utilizar tecnología y adaptarse a nuevas formas de consumo.
La Federación Nacional de Comerciantes, a través de Fenaltiendas, confirmó en un estudio divulgado en 2026 que el 47,27 % de los negocios encuestados reportaba una reducción de sus márgenes de rentabilidad, mientras el 50,45 % percibía una menor capacidad de compra de sus clientes.
El panorama evidencia dificultades económicas, pero no autoriza a responsabilizar exclusivamente a D1 y Ara. El incremento de los costos operativos, la inseguridad, las dificultades de financiación y la pérdida de poder adquisitivo también pesan sobre las cuentas del tendero.
A esa realidad se suma la transformación del consumidor. Un informe de Servipunto, divulgado por El Espectador, encontró que la frecuencia de visitas a las tiendas de barrio disminuyó un 7,1 % durante 2025. Sin embargo, información de NielsenIQ publicada en 2026 señaló que el canal tradicional todavía concentraba alrededor del 37 % de las ventas nacionales de productos de consumo masivo.
La tienda de barrio, por tanto, no ha desaparecido del mapa comercial colombiano. Su papel está cambiando.
El contraste más revelador procede del Banco de la República. Una investigación económica publicada en 2024 encontró que la llegada de cadenas de descuento a los municipios estudiados produjo efectos positivos sobre el empleo formal y el recaudo tributario local, aunque también identificó una disminución en los ingresos de comerciantes informales.
El estudio no encontró evidencia estadísticamente significativa de destrucción del empleo informal atribuible a esas aperturas.
No obstante, sus resultados tampoco pueden trasladarse automáticamente a Montería, porque la investigación excluyó a las ciudades capitales.
Los datos nacionales de Confecámaras añaden otro elemento. El número de establecimientos registrados del segmento tendero pasó de 108.893 en 2024 a 110.523 en 2025, un crecimiento del 1,5 %. La cifra no descarta cierres en determinados barrios, pero cuestiona la idea de una desaparición generalizada del comercio tradicional.
Frente a ese conjunto de evidencias, la advertencia de la Cámara de Comercio de Montería plantea una preocupación legítima, aunque su dimensión numérica permanece sin demostración pública.
Hasta ahora, los estudios examinados no permiten afirmar que la apertura de un D1 o Ara ocasione el cierre de veinte tiendas.
Para establecerlo sería necesario conocer la evolución de las matrículas mercantiles, identificar los cierres efectivos, determinar la cercanía de los establecimientos y comparar su comportamiento antes y después de la llegada de las cadenas.
También habría que distinguir los efectos de la competencia de aquellos relacionados con la inflación, los costos de funcionamiento y otros cambios económicos.
La propuesta de regular la ubicación comercial mediante el POT exige, además, un análisis que armonice el ordenamiento territorial con las garantías constitucionales de libertad económica y libre competencia.
La discusión deja una pregunta que trasciende la disputa entre grandes cadenas y pequeños comerciantes: qué está haciendo Montería para fortalecer sus tiendas tradicionales mediante capacitación, financiación, asociatividad y transformación digital.
La Cámara de Comercio dispone de una oportunidad para aportar claridad al debate mediante la publicación de la metodología y los datos que sustentan la proporción anunciada.
Mientras esa información no se conozca, la cifra de veinte cierres seguirá siendo una afirmación atribuida a su presidente ejecutivo, no una conclusión acreditada por las investigaciones disponibles.
