Diálogo y promoción de la paz: Componentes esenciales exigibles al Gobierno

¿Hacia dónde debe llegar el Paro Nacional y el consecuente diálogo entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional para llegar a un mutuo y definitivo, o por lo menos durable disenso?

Esta es una de las preguntas más importantes que nos hacemos la mayoría de colombianos consternados con las conflagraciones y disturbios que se han presentado a lo largo de un mes de paro y tensiones entre la Fuerza Pública y los civiles.

Se ha visto de todo escándalo y tensión en estos días de continuo Paro Nacional. Vándalos y delincuentes, que, según muchos comentarios en redes, se aprovechan de la situación de calamidad para hacer de las suyas, marchantes que protestan para que mejore la crisis Nacional pero que al hacerlo se salen de todo contexto racional causando desordenes y desmanes en bienes de uso público y a miembros de la Fuerza Pública.

También, figuras públicas e influyentes políticos que arengan y echan más leña el fuego para presuntamente sacar réditos políticos, mientras que los comerciantes, vendedores ambulantes y demás personas del común son las más afectadas, por una pelea que parece que no cesará tan fácilmente, en parte por algunas pretensiones propuestas, y en parte por la renuncia del primer mandatario en debatir acerca de los puntos en discusión para tratar de llegar, por lo menos, a una fórmula de arreglo a corto, mediano o largo plazo.

Esta más que claro el hecho de que para reclamar derechos, es necesario hacerlo respetando los derechos ajenos. No es admisible marchar reclamando derechos y garantías si no se respetan los derechos del prójimo o actuando arbitrariamente contra las normas del ordenamiento jurídico, causando estragos y desórdenes que generan destrucción, trifulcas y que no contribuyen en nada a la construcción de un orden social justo.

Esa clase de vandalismo no representa para nada el deber ser y la finalidad benévola de las marchas pacíficas, la cual es el bienestar general que se plasmaría si se cumplieren a cabalidad los derechos a la salud, educación, vida digna, entre otros derechos inherentes al ser humano.

En principio razonable, para reclamar derechos y obligaciones que tiene el Estado para con sus gobernados, se deben respetar los ya existentes, evitar causar destrucción a propiedades privadas o públicas y tratar de luchar contra la corrupción con argumentos, no por medio de vías de hecho que generan pánico y zozobra.

Por otro lado, existe una idea desatinada consistente en que cuando los policías disparan y hieren a alguien que posiblemente estaba obrando contra la ley o contra el derecho ajeno, ese alguien no es tildado como vándalo, propagador de la delincuencia y el caos, sino como un marchante y pacifista, pero cuando se producen actos de vandalismo a gran escala, entonces esos delincuentes son considerados como criminales que se filtran entre los que marchan pacíficamente.

Esta teoría no es del todo cierta ya que no se ha comprobado al 100% que los delincuentes comunes se filtran entre los marchantes pacifistas o que ninguno de los marchan son responsables directos, sino que se trata de obra de vándalos colados entre la multitud.

Es muy difícil verificar y corroborar la infiltración de criminales infiltrados aun incluso dentro del cuerpo colegiado del ESMAD, por lo que entonces, bastaría decir que la violencia no es permisible para lograr hacer que el Gobierno escuche todas las querellas y puntos del pliego de peticiones de los opositores del Comité del Paro ya que la finalidad de las marchas es obtener un diálogo, con arreglo bilateral dentro del marco de la constitución y la ley, sin intento de proponer negociar los derechos humanos ya que estos son innatos e innegociables.

Ahora bien, nuestra Constitución establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Este postulado puede interpretarse como el  hecho de que la máxima administración Nacional y los ciudadanos en general tienen no solo el derecho de gozar de espacios de sosiego incluyendo estándares mínimos en derechos fundamentales y colectivos, sino también la obligación de mantener dichos espacios de tranquilidad y resguardo de los mentados derechos fundamentales.

La paz solo puede ser lograda a través de acuerdos bilaterales, mediante el mejor mecanismo alternativo para la resolución de conflictos, es decir, a través del diálogo. Si no hay diálogo no se puede llegar  a un pacto o alianza en el que, por escrito, se comprometa por un lado, el Estado, a cumplir y hacer cumplir determinados acuerdos, y por otro lado, los integrantes del paro que son: juventudes universitarios, indígenas, docentes, líderes sociales, a avocarse a lo pactado y acogerse dentro del marco de la legalidad en contribuir con el mejoramiento de la sociedad mediante los estándares de derechos y garantías propios del Estado Social de Derecho,  y bajo los principios de transparencia, debido proceso y publicidad.

Por último, quiero reiterar mi posición en que la violación de los DDHH provenga de quien provenga, no edifica desde ningún punto ni contribuye al mejoramiento de la sociedad sino todo lo contrario.

La idea no es generar más contiendas sino disminuirlas hasta finiquitarlas definitivamente. La violencia, sea cual sean los motivos para estar airados,  no es el camino para obtener resultados heroicamente patrióticos.

Se debe luchar contra impericia o negligencia de un Estado que suele pasar mudo, sordo y ciego pero con argumentos, con inteligencia, como personas civilizadas, demostrando que el conocimiento puede derrocar la indiferencia de la obstrucción estatal.

El diálogo, la promoción de la paz sí son elementos realmente efectivos para llegar a una mutua alianza, dentro del marco de la democracia, que consiste en gobernar para el pueblo y conforme a las carestías del pueblo.

Más noticias de Colombia y el mundo en www.zenuradio.com – Síganos en nuestras redes sociales haciendo clic aquí: Twitter, Facebook, Instagram y YouTube