Esta columna va dirigida especialmente a aquellas personas que lamentablemente han sufrido el engorroso impase de ser acreedores de una multa o comparendo, muchas veces de forma injusta, por desconocimiento de la ley o porque sencillamente “los polis” se quieren rebuscar en esta temporada pasando por alto ciertas normas que deben tener en cuenta de forma neutraliza a los conductores de carros, motocicletas y demás vehículos circulantes.
Situación está que ocasiona en múltiples ocasiones rechazo por parte de la ciudadanía en general al percibir que algunas autoridades policivas solo aplican la ley para determinados grupos de personas y no para todos, imparcialmente como debe ser.
En estas temporadas, tal y como ya mencione, algunos policías con ánimo de agarrarle la caída a cualquier conductor desprevenido, se aprovechan para golpearlo con el látigo de castigo policivo a través de una multa o comparendo si encuentran algún motivo fundado como por ejemplo SOAT vencido o prueba de tecno mecánica no vigente, así como otras razones no tan relevantes como el hecho de que circule cierto conductor sin casco cuando se han visto casos en los que extrañamente dejan pasar a más de uno sin casco sin ninguna exhortación de carácter verbal o escrita, a no ser que, de bajo perfil les pasen el aguinaldo por adelantado sin que haya moros en la costa. Quizá por eso algunos policías aprovechan para plantarse en mitad de una carretera, aunque haya curva, aun incluso a sabiendas de que la ley lo prohíbe, para rebuscarse con el cariñito navideño. Esto, desde ningún punto de vista es justo y puede conllevar a sanciones disciplinarias y penales según el caso como veremos más adelante.
Ahora bien ¿qué se hace con la plata que se recauda, producto de los comparendos y multas impuestos? Obviamente es un negocio redondo que tiene la secretaria de tránsito y movilidad en asocio con la policía de tránsito al hacer muchas inmovilizaciones de forma injusta o solo en épocas especiales para hacerle la navidad, evadiendo los protocolos legales que establece el Condigo Nacional de Tránsito y realizando inescrupulosamente irregularidades en el procedimiento habitual. Esto no es un secreto para nadie.
Aunado a lo anterior, se ha visto que de manera irregular se han efectuado procedimientos para la retención de un vehículo sin que el conductor este presente en el sitio de la interceptación. Dicho procedimiento está viciado de nulidad por ser ilegal ya que la norma esgrime que solo se debe inmovilizar un vehículo en presencia del supuesto infractor para hacer el informe y exponerle las razones de la inmovilización. Sin embargo, de manera arbitraria se ha visto como hasta los mismos funcionaros de cabestrantes proceden de forma inusual remolcando más de un vehículo a la vez en lo que los operadores llaman “grúas” cuando en realidad son camiones que sirven para montar allí los vehículos aun a pesar que el artículo 72 de la ley 769 del 2002 predica que solo se podrá remolcar un vehículo a la vez y no varios al tiempo. Eso sin mencionar los demás abusos de la autoridad policiva en cuanto a las multas que imponen a altas horas de la noche de forma parcializada, ubicándose en curvas de una carretera cuando la norma postula que no debe haber reten en curvas, y en muchos casos recibiendo secretamente dividendos por parte de quienes tienen el patrimonio suficiente como para pasar evadiendo la infracción. Sin duda alguna la procuraduría, Fiscalía General de la Nación y demás órganos de control deben abrir las investigaciones pertinentes para evitar las mentadas irregularidades de fondo.
Es realmente inquietante la forma en que la secretaria de tránsito y movilidad y la policía se confabulan con los dueños de parqueaderos y grúas para exprimir a los infractores, obligándole a cancelar cantidades exageradas de dinero por el solo hecho de trasladar el vehículo desde una disque grúa hasta el parqueadero y por mantener el vehículo asoleándose en un parqueadero enorme sin ningún tipo de cuidado interior. Es sin ninguna tela de duda un negocio redondo del que, la Fiscalía debe poner la lupa para evitar tumbes de esta índole, coaccionando a los ejecutores de estas injusticias a obrar rectamente y no dejarse llevar ciegamente por la avaricia de exprimir financieramente a los infractores, aprovechándose de sus necesidades y desesperaciones por recuperar su vehículo.
Como todos sabemos, es legal que cualquier persona grabe videos desde sus teléfonos celulares desde el momento en que inmovilizan un vehículo, preguntando primeramente los motivos por los cuales se inmoviliza, solicitando el formulario o levantamiento del vehículo con la firma del operario de la grúa o camión, fotos en detalle del vehículo, y supervisar el momento en que el policía llena los requisitos para imponer el comparendo. Obviamente la mayoría se aferran a cualquier simplicidad para decomisar un vehículo y más si se percatan que el dueño tiene el pecunio suficiente para solventar todos los gastos que ello amerita.
Por último, quiero añadir que es indignante este negocio que tiene la policía y los operarios de las grúas y patios donde se inmovilizan los vehículos. Se pueden visualizar en YouTube cientos de videos que muestran claramente a operarios de grúas captados en flagrancia desvalijando las partes externas e internas de un vehículo. ¡No más robo, no más estafa! ¡No más corrupción de esta índole! Los comparendos se deben realizar cumpliendo a plenitud con los requerimientos legales que establece el código Nacional de Tránsito, sin demoras injustificadas en los levantamientos e interceptaciones. Espero que esta columna ayuda a tomar acciones entre todos para confrontar este tipo de abusos y robos camuflados de “procedimiento de requisa” por parte de estos organismos.
