Excoronel Núñez pedirá perdón a familias de jóvenes asesinados, según preacuerdo
Bogotá. El coronel (r) Benjamín Núñez Jaramillo pedirá perdón a las familias de los tres jóvenes que fueron asesinados el pasado 25 de julio en el corregimiento de Chochó, municipio de Sampués, Sucre.
Así habría quedado definido en el preacuerdo que el oficial de la Policía negoció con la Fiscalía por su participación en el crimen de los tres jóvenes que fueron presentados, en su momento, como integrantes del Clan del Golfo.
El exoficial, que en el momento de los hechos se desempeñaba como comandante operativo de la Policía en Sucre, deberá pedirle perdón a las familias de Carlos Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo Contreras, en un acto público en el que reconocerá que atacó a los jóvenes.
Los tres jóvenes fueron detenidos por la Policía y luego los señalaron de cometer el homicidio del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón en medio del paro armado que adelantaba el Clan del Golfo en 11 departamentos del país.
Además, en el preacuerdo también quedó establecido que el coronel retirado será testigo clave de la Fiscalía para esclarecer otras investigaciones que realice el ente acusador contra otras personas que estén vinculadas en el caso.
Además del Núñez, otros 10 uniformados –privados de la libertad– están siendo investigados por su participación en el triple homicidio.
El preacuerdo, que estaría a punto de cerrar con la Fiscalía, le daría a Benjamín Núñez una pena de 29 años en prisión.
Núñez fue capturado el pasado 8 de septiembre mientras arribaba de un vuelo internacional proveniente de México,a dónde se dio a la fuga días después de revelarse su participación en el crimen. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. El procesado se negó aceptar los cargos porque su intención era buscar un preacuerdo. En la misma diligencia un juez lo envió a la cárcel, donde permanece recluido mientras continúa su proceso.
Por su parte Aníbal Garay, apoderado de dos de las familias de las víctimas, no está conforme con el preacuerdo, y declaró que el exoficial “merece la pena máxima, 60 años, y si llegara a un preacuerdo nosotros pediríamos 40 años”.
