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Gobierno exige a campesinos liberación inmediata de uniformados para dialogar por crisis en Caquetá

Bogotá. Para hacerle frente a la crisis social que vive Los Pozos, en el Caquetá, el Gobierno Nacional exigió a la comunidad campesina de la zona la liberación inmediata de los miembros de la Fuerza Pública que se encuentran secuestrados desde hace más de 24 horas al igual que la liberación de los funcionarios de la petrolera Emerald Energy.

“Un requisito absolutamente insuperable, para sentarnos a dialogar con un gran desbordamiento del Gobierno, es naturalmente la liberación de los miembros de la Policía Nacional y de seis trabajadores de la petrolera”, señaló Alfonso Prada, portavoz del Gobierno.

La comunidad, señala el Gobierno, exige a la petrolera que hace presencia en la zona, la pavimentación de la vía de cerca de 42 kilómetros que comunica a San Vicente del Caguán con Las Delicias, en el Caquetá.

“Ninguna posibilidad de que el Presidente o el cuerpo de ministros nos sentemos a dialogar en la medida que haya cualquier tipo de retención a miembros de la Policía”, aseguró tajantemente el Ministro.

Prada señaló que en las últimas 48 horas “se escaló el problema generando la tragedia de la muerte de un campesino y de un miembro de la institución policial. En nombre del Gobierno Nacional reitero nuestras condolencias a la Policía y a la comunidad de Los Pozos”.

Al tiempo, dio a conocer que desde hace 48 horas, cuando se iniciaron los enfrentamientos entre miembros de la fuerza pública, el ESMAD y los campesinos, hay representantes del Gobierno y representantes de los ministerios del Interior, Defensa, Minas y Transporte, atendiendo la situación. El Presidente no descarta visitar la zona este fin de semana.

Sin embargo, Prada no descartó la presencia de grupos armados o disidencias de las Farc, las cuales podrían estar infiltrando la movilización campesina en la zona.

“Estamos muy cuidadosos en no estigmatizar ni permitir la estigmatización del movimiento social campesino en Colombia, pero tampoco caer en la imbecilidad de pensar que no puede haber factores de perturbación que pretendan utilizar la movilización social para intereses particulares e ilegales”, añadió.

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