El Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, está citado a la Corte Constitucional para que explique las razones que lo llevaron a declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, ante la crisis humanitaria que se estructura en la falta de acceso a servicios básicos vitales.
La Corte debe revisar el Decreto 1085 de 2023 con el que se hizo esa declaratoria, así como los otros 11 decretos que se expidieron después de este.
El Secretario Jurídico de Presidencia, Vladimir Fernández, ya le había dicho a la Corte que la situación es dramática y que esta se ha venido agravando por la situación climatológica, la llegada de la temporada de ciclones tropicales, el fenómeno del Niño y la falta de lluvias.
Tal y como se reveló, el Gobierno ya envió por escrito a la Corte Constitucional su defensa de la declaratoria del estado de emergencia, que es uno de los estados de excepción que existen en Colombia, al considerar que los instrumentos ordinarios no son suficientes para resolver la crisis que, incluso, llevó a que el alto tribunal en 2017 asegurara que existe un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) sobre la situación que afecta especialmente a la niñez Wayúu.
El Secretario Jurídico de Presidencia, Vladimir Fernández, ya le había dicho a la Corte que la situación es dramática y que esta se ha venido agravando por la situación climatológica, la llegada de la temporada de ciclones tropicales, el fenómeno del Niño y la falta de lluvias.
El Ministerio de Vivienda también expuso que la cobertura de agua promedio en zona urbana es de cerca del 80 %, con 2 municipios que no llegan ni al 40 % de cobertura (Manaure y Uribia).
“En cuanto a los centros poblados, se cuenta con una cobertura promedio del 42 %; y la cobertura promedio municipal de viviendas en zona rural dispersa no supera el 19 %. Mientras que el promedio del país en zona urbana es de 96 %, en centros poblados 74 % y en zona rural dispersa del 42 %. Lo que representa una brecha importante frente a la media nacional y muestra las condiciones críticas de La Guajira en materia de acceso al agua”, dijo el Gobierno ante la Corte.
