Tras extensión de mandato de verificación, este jueves entró en vigor tregua con el Eln
Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votaron este miércoles a favor de extender el mandato de verificación de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia a través de la Resolución 2694.
Esta ampliación permite a observadores internacionales del organismo participar en el mecanismo de monitoreo del cese del fuego de 180 días que arrancó a las 00:00 horas este jueves 3 de agosto y que fue pactado el pasado 9 de junio entre las delegaciones del Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) al cierre del tercer ciclo de los diálogos de paz.
“(…) a tal fin, autoriza un incremento de hasta 68 observadores internacionales adicionales en la dotación actual de la Misión, así como un componente civil adecuado teniendo en cuenta los recursos existentes cuando sea posible”, se lee en la resolución aprobada ayer en Nueva York.
La resolución aprobada ayer permitirá la participación de miembros de la Misión de Verificación en el mecanismo de monitoreo creado para verificar la tregua entre el Gobierno y el Eln. Este mecanismo estará conformado por 32 instancias –una de carácter nacional, nueve regionales y 22 locales– y por miembros del Gobierno (incluye la Fuerza Pública y la oficina del Alto Comisionado para la Paz), el Eln, la Iglesia y la ONU.
Tras la votación, el primero en tomar la palabra luego de la extensión del mandato fue el representante del Reino Unido, Fergus Eckersley, quien reafirmó el apoyo del Consejo de Seguridad a la paz en el país.
“La adopción unánime de este proyecto de resolución demuestra el compromiso del Consejo de Seguridad con la paz en Colombia. Acogemos con agrado la extensión del mandato de verificación de la Misión de Verificación y estamos comprometidos a apoyar a Colombia en el camino hacia la paz y la seguridad”, dijo Eckersley.
Hay que recordar que el mandato que estaba vigente hasta hoy permitía la verificación del Acuerdo Final de Paz de 2016 y de las sanciones propias que impusiera la Jurisdicción Especial para la Paz. Para tal fin, en el país ya hay cerca de 484 personas del organismo, entre observadores y civiles.
Además, los miembros del Consejo de Seguridad expresaron su disposición a considerar la posibilidad de encomendar a la Misión de Verificación la tarea de monitorear y verificar la implementación de un futuro acuerdo de cese del fuego entre el Gobierno y el autodenominado ‘Estado Mayor Central’, disidencia comandado por alias Iván Mordisco.
“Como país garante, Brasil saluda la decisión del Consejo de autorizar a la Misión de verificar la implementación del acuerdo de cese del fuego con el Ejército de Liberación Nacional. Además, esperamos que un acuerdo sea alcanzado lo más pronto posible con el grupo ‘Estado Mayor Central’, con protocolos verificables”, aseguró el embajador de ese país ante las Naciones Unidas, Sérgio França Danese.
El anuncio fue celebrado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entidad que destacó el apoyo de las Naciones Unidas. “Fortalece la construcción de la paz en Colombia”, comunicaron.
La Resolución 2694 del CS @UN fortalece la construcción de la paz en
: autoriza la ampliación del Mandato de la @MisionONUCol para verificar la implementación del CFBNT entre el Gobierno nacional y el ELN y pone en consideración la verificación de un eventual cese con EMC-FARC. pic.twitter.com/WeV4HDHb8c
— Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) August 2, 2023
El rol de la ONU
El protocolo creado por ambas delegaciones indica que la sede principal del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) –denominado así por ambas delegaciones– se instalará en Bogotá, y que las oficinas regionales, hasta donde llegarán los observadores de la Misión de Verificación, estarán en Arauca, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Pasto, Quibdó, Valledupar y, por último, en Soacha. Además, también habrá delegados en las cabeceras de 22 municipios en los que habrá oficinas locales.
Ligada a este mecanismo estará la veeduría social –integrada por personas y organizaciones del territorio–, cuya función será, en términos simples, alimentar a las instancias locales con “información verificable y objetiva” sobre violaciones de la tregua, y también reportar aquella que puede prevenir incidentes. Como lo definen otros protocolos, esto lo hará con la articulación de la Iglesia y la Misión de Verificación de la ONU.
Entre los actos prohibidos y que deberán ser reportados se incluyen las confrontaciones armadas, obstaculizar las labores del mecanismo, impedir la atención de enfermos o heridos de la población civil y de las partes e incurrir en perfidia o en actos prohibidos en el DIH como la toma de rehenes, la violación, el desplazamiento forzado o el reclutamiento de menores.
“El mecanismo evalúa, y no necesariamente en tiempo real. Habrá incidentes cuya evaluación demorará un tiempo prudente para poder verificar qué fue lo que sucedió en el territorio; en consecuencia, no se puede decir que cualquier incidente acaba al cesar el fuego”, explicó José Félix Lafaurie, miembro de la delegación de Gobierno y presidente de Fedegán.
Arrancó la participación
Ayer, en la capital del país, se instaló el Comité Nacional de Participación, instancia transitoria encargada del proceso de participación de la sociedad civil en la construcción del acuerdo.
Este funcionará a través de 21 encuentros en los que diferentes procesos de la sociedad podrán presentar sus propuestas, las cuales serán llevadas a la mesa.
“81 delegados de 30 sectores, organizaciones, movimientos, gremios e instituciones, para contribuir al diseño de la participación de la sociedad en la construcción de la paz”, señaló el senador y negociador de paz Iván Cepeda.
