Por: Sergio Leon/Pixammo
Victimarios dan la cara a los familiares de sus víctimas durante decenas de audiencias que se han celebrado en Colombia, como parte del mecanismo que se estableció durante los acuerdos de paz de La Habana en 2016, y que gestiona la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Alfredo y Humberto Sanjuán Arévalo, hermanos y estudiantes de la universidad pública en Bogotá salieron de su casa el 8 de marzo de 1982, iban para lugares diferentes pero la vida les tenía reservado un mismo destino: la desaparición.
Han sido más de cuatro décadas de incertidumbre para su familia, que no ha parado de buscarlos. Desde entonces señalan a una unidad de inteligencia de la Policía como responsable de su angustia.
Los hermanos Sanjuán Arévalo estuvieron entre las primeras víctimas de desapariciones forzadas, una práctica que se extendió en Colombia desde la década de 1980 y que se redujo tras los acuerdos de paz de La Habana en 2016. Desde entonces, se mantiene a menor escala entre grupos armados.
Entre 2002 y 2008 se reportó la mayor cantidad de desaparecidos en todo el país, potenciado principalmente por el conflicto interno entre guerrillas, paramilitares y la fuerza pública.
“No vamos a dejar que su desaparicion quede así no mas, ellos no van a ser un número más y queremos que ningún desaparecido sea un número más. (Queremos) hallar sus restos o su paradero, pero queremos darle una despedida, queremos recibirlos porque los hemos estado esperando por 41 años”, dijo a la Voz de América Martha Noguera sobrina de los hermanos desaparecidos a comienzos de la década de 1980.
Los familiares de los desaparecidos y grupos de derechos humanos estiman que los avances en la investigación han sido pocos. Hasta el momento unos 22 miembros de la fuerza pública han sido interrogados, pero los interrogatorios no han arrojado pistas para hallar su paradero.
La metástasis de las desapariciones forzadas a las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”
Desde la desaparición de los hermanos Sanjuán Arévalo, con el paso de los años, Colombia se adentró en una espiral de violencia, con un crecimiento exponencial de la cifra de víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
En 1985, año en que la guerrilla del M19 tomó el Palacio de Justicia, máximo órgano judicial del país, y tras la repuesta a cañonazos del ejército para recuperar el edificio, subieron los casos de desapariciones, entre ellos magistrados, trabajadores y guerrilleros.
Esta crisis se agudizó con el concepto de los “falsos positivos”, como se le conoce a las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado, también en el periodo de 2002 a 2008.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que surgió con los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrila de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, quedó establecido que 6.402 personas fueron asesinadas en Colombia.
De acuerdo con la JEP, muchas de las víctimas fueron secuestradas por el ejército en los barrios populares de Bogotá y trasladados a las regiones donde fueron vestidos como guerrilleros, asesinados y presentados como bajas en combate.
Esta instancia también documentó que durante este periodo fue el departamento de Casanare, en el oriente colombiano, la zona más impactada, donde se reportó que 21 integrantes del ejército asesinaron a 303 personas.
Relatos del perdón
Como parte del trabajo de la JEP se vienen celebrando decenas de audiencias en todo el país, en las que los exmilitares responsables reconocen frente a los familiares de sus víctimas su participación en las ejecuciones extrajudiciales y piden perdón.
En Casanare, por ejemplo, durante una audiencia a finales septiembre, madres, padres y demás familiares lloraban mientras los victimarios narraban escenas desgarradoras sobre la forma en que ejecutaron a sus seres queridos.
“El señor Kemel antes de yo haber accionado mi arma, el me abrió los brazos, me dijo: ‘no me dispare por la espalda, máteme de frente'”, dijo en la audiencia en septiembre el cabo segundo retirado, Leandro Elieécer Moná. “No es fácil escuchar esto”, agregó tras admitir que había matado a Kemel Mauricio Arteaga, un artesano de 31 años.
Uno de los máximos responsables imputados fue el general retirado Henry Torres Escalante, quien fue comandante de la XVI brigada del Ejército entre 2005 al 2007. Torres reconoció públicamente su delito y pidió perdón a las víctimas.
“Sus seres queridos nunca debieron haber sido asesinados, por la estigmatización que se produjo en la brigada, nunca debieron haber sido señalados para ser asesinados, ninguno de ustedes merecía ese trato, ni merecía ser víctima de nuestras acciones delictivas”, dijo el general delante de las familias.
“Perdón a ustedes, Johana, Andrei, Lucy, Mauren, mil y mil veces perdón, esa ausencia de un padre es un daño inimaginable que no podemos reparar ahora ni nunca”, agregó llorando.
Mientras las audiencias, los reconocimientos y los relatos del perdón siguen intentando pasar la página de dolor en Colombia, muchos familiares rememoran con desconcierto esta parte de la historia.
“En manos de quién estamos por Dios, si las personas que deben velar por nuestros derechos son unos criminales”, dijo a la VOA Martha Noguera, quien tenía apenas dos años cuando desaparecieron sus tíos, los hermanos Sanjuán Arévalo. Ella asegura que persistirá en esta incansable y dolorosa búsqueda de sus parientes.