Por: Jairo Aníbal Doria
A 13 días de las elecciones legislativas del 8 de marzo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese al fuego unilateral, en un momento especialmente sensible del calendario político colombiano, que coincide con las recientes alertas de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre el riesgo de interferencia de actores armados en distintos territorios del país y posibles afectaciones al libre desarrollo de la contienda democrática.
El comunicado del ELN, plantea la suspensión temporal de acciones ofensivas durante el proceso electoral, argumentando la necesidad de reducir tensiones en la jornada democrática.
Sin embargo, el anuncio no corresponde a un acuerdo bilateral ni cuenta con un mecanismo independiente de verificación, lo que sitúa su alcance real, en el terreno de las decisiones unilaterales que históricamente han tenido efectos variables, según las regiones y las dinámicas del conflicto.
La coincidencia temporal no es menor. En los últimos días, la MOE advirtió que decenas de municipios presentan riesgos electorales por presencia de actores armados, economías ilegales y presiones indirectas sobre campañas políticas y comunidades.
Ese diagnóstico describe un mapa donde la competencia democrática, convive con estructuras de control territorial que condicionan la participación política.
El anuncio también adquiere lectura política en el marco del ciclo electoral de 2026.
En términos estratégicos, este tipo de decisiones suele operar en varios niveles: proyectar capacidad de incidencia territorial, enviar señales dentro del proceso de negociación con el Gobierno y posicionarse en un escenario político donde el orden público influye directamente en la narrativa electoral.
