En tres capitales se firmaron contratos por 10 billones, gracias a la decisión ilegal de Iván Duque que la Corte Constitucional corrigió.
La Sala Plena de la Corte Constitucional derogó el artículo 124 de la Ley de Presupuesto General de la Nación para el 2022 que daba vía libre a la celebración de convenios interadministrativos previo a la época electoral, modificación a la Ley de Garantías que el Congreso aprobó y el presidente Iván Duque ratificó.
Los contratos o convenios interadministrativos firmados entre el 19 de octubre de 2021 y el 12 de marzo de 2022 quedaron sin piso jurídico y deberán ser revisados por las entidades con el seguimiento cercano de los entes de control.
De acuerdo con el portal de contratación Secop, en ese periodo, 1.392 entidades del Estado suscribieron 11.510 contratos por un valor total de $18,4 billones, un rubro muy alto si se tiene en cuenta que para proyectos de inclusión social y reconciliación en todo el país este año se presupuestaron $23,2 billones.
Las ciudades en las que más dinero se comprometió fueron Bogotá con $5,8 billones, representados en 1.776 contratos; le sigue Tunja, Boyacá, con $3.2 billones equivalentes a 394 convenios firmados; y Medellín con 1.072 contratos, que costaron $1 billón.
Llama la atención Tunja, una ciudad de 172.000 habitantes. El principal contratante en ese municipio, mientras no estuvo vigente la Ley de Garantías, fue el Instituto Nacional de Vías (Invías), luego la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá; después la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá y finalmente la Alcaldía de Tunja.
En la revisión hecha al Secop se pudo establecer que hay muchos contratos firmados por Invías que tienen el mismo objeto contractual: «Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías rurales, corredores productivos, del Programa Colombia Rural a nivel nacional». Esta es una iniciativa de la entidad nacional que busca firmar convenios interadministrativos con alcaldías y gobernaciones de todo el país para pavimentar y mejorar vías terciarias de veredas y corregimientos.
En lo referente a la capital del país, entre octubre del 2021 y marzo pasado las entidades que más contrataron fueron el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca; la Gobernación de Cundinamarca con sus secretarías General, Hábitat y Planeación. También están las alcaldías locales de Ciudad Bolívar, Fontibón y Kennedy.
Otras ciudades
En Medellín, la mayoría de los contratos fueron firmados por la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva), con sus convenios interadministrativos con alcaldías del departamento para llevar a cabo el programa «Antioquia se pinta de vida», iniciativa que busca pintar las fachadas de las casas en los municipios de esa región para promover la sana convivencia y tratar de mejorar las condiciones de vida de algunos territorios antioqueños.
Otro dato importante que arroja el Secop tiene que ver con las zonas del país con menos contratos firmados, pero que requirieron de la inversión de grandes cantidades de dinero público en diferentes proyectos, programas o iniciativas. Este es el caso de la Alcaldía de Caracolí, Antioquia, que gastó $14.177 millones en un solo contrato interadministrativo que suscribió la primera autoridad del municipio con la Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja (Emduce).
El objeto contractual tiene que ver con la administración que le entregaron a dicha entidad para ejecutar recursos públicos en diferentes proyectos en Caracolí. En un comienzo el plazo de ejecución fue de un mes, del 12 de noviembre al 31 de diciembre de 2021, pero luego fue extendido hasta el 31 de diciembre de este año.
Fuente: Caracol Radio
