Gobierno Nacional tiene 8 días para rehacer decreto de salario mínimo; habrá mesa y movilización
Por: Jairo Aníbal Doria
Ocho días. Ese es el margen que el Consejo de Estado le dio al Gobierno para corregir la sustentación técnica del decreto del salario mínimo.
La decisión no resuelve el fondo del aumento.
Lo que exige es claridad metodológica: cómo se aplicaron los criterios de inflación, productividad y crecimiento económico establecidos en la Ley 278 de 1996.
En términos jurídicos, el tribunal cuestiona la motivación del decreto, no la potestad del Ejecutivo para fijar el salario cuando no hay acuerdo en la comisión de concertación.
La respuesta oficial se activó por dos frentes.
El Ministerio del Trabajo convocó nuevamente a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Gobierno, empresarios y trabajadores volverán a la mesa para reconstruir el soporte técnico que deberá quedar plasmado en un nuevo decreto.
El objetivo es cumplir el mandato judicial dentro del plazo fijado y evitar nuevos tropiezos procesales.
En paralelo, el presidente Gustavo Petro, llamó a movilizaciones en defensa del incremento.
Desde la Casa de Nariño se sostiene que la discusión no es únicamente formal, sino sustancial: el salario mínimo incide en el ingreso real de millones de trabajadores y en la dinámica económica del país.
Ambas rutas avanzan al tiempo. La institucional busca blindar el acto administrativo; la política procura sostener respaldo ciudadano, frente a lo que el Gobierno interpreta como una restricción a su política salarial.
Más allá del debate coyuntural, el mensaje del tribunal introduce un estándar más estricto para decisiones económicas de alto impacto: la discrecionalidad debe estar acompañada de una motivación técnica detallada y verificable desde el inicio.
En los próximos días, la atención se concentrará en la mesa de concertación.
Allí se definirá si el nuevo decreto mantiene el incremento inicial con una argumentación reforzada o si la revisión técnica obliga a ajustar la cifra.
El plazo es corto. La discusión, de alto voltaje técnico, jurídico e institucional.
Una vez se instale y concluya la mesa de concertación convocada para el lunes, y el Gobierno expida el decreto corregido, frente al Consejo de Estado se abrirán tres caminos: que el tribunal levante la suspensión cautelar si considera subsanadas las fallas técnicas; que permita la vigencia del nuevo acto mientras continúa el proceso de nulidad hasta sentencia definitiva; o que estime insuficiente la corrección y mantenga la medida provisional.
En cualquiera de estos escenarios, el proceso judicial seguirá su curso hasta una decisión de fondo.
Más allá del resultado inmediato, el precedente ya está instalado. La fijación del salario mínimo —facultad del Ejecutivo cuando no hay acuerdo en la comisión y el Congreso no interviene— deberá estar acompañada de una motivación técnica detallada, verificable y explícita.
La discrecionalidad política no desaparece, pero queda sometida hacia el futuro, a un estándar más exigente de sustentación técnica, jurídica y económica.
