Bogotá. La Corte Suprema de Justicia decidió dejar en manos de la justicia ordinaria, a través de la Ley 906, el proceso por presunta manipulación de testigos que se sigue contra el ex senador Álvaro Uribe.
Así las cosas, la jueza 30 con función de Control de Garantías se queda con la competencia para decidir sobre la petición de libertad del expresidente Uribe.
La decisión se tomó con base en la ocurrencia de los hechos, ya que el proceso contra Uribe inició en el año 2018; es decir, después de la entrada en vigencia de la ley 906.
Hay que tener en cuenta que el expresidente tiene una medida de aseguramiento que en su momento emitió la Corte.
El abogado Iván Cancino explicó que, en ese caso, la defensa de Uribe debería presentar una solicitud de revocatoria de la medida, que debe resolver la juez de garantías, y también podría solicitar una revocatoria de todo lo actuado por el alto tribunal.
Con información de RCNRADIO Y BLURADIO.
