Por Blanca Berrío Montiel
Redacción. Hoy se cierra el capítulo de la operación del servicio de energía, por parte de la empresa Electricaribe, que dejó más sin sabores que satisfacciones en los hogares de la Costa Caribe, y en especial del departamento de Córdoba.
Con la salida de esa compañía quedan en el aire algunas obligaciones de las que no se tienen claridad quién las asumirá.
Como por ejemplo, las transferencias de activos que, a su llegada cuando asumió la prestación, debieron hacerse a las extintas electrificadoras regionales. Sin embargo, a varias de ellas nunca les pagó lo convenido.
Ellas son, por ejemplo, las electrificadoras de Magangué, La Guajira Atlántico y Magdalena, todas ellas procesos judiciales ante los respectivos tribunales administrativos.
El Estado inició el proceso de cobro de dichas transferencias y de hecho hay una sentencia, por 116 mil millones de pesos en contra de Electricaribe por el no pago de las transferencias de activos a la Electrificadora del Atlántico.
Pero, paradójicamente dicha sentencia la frenó la agente interventora y ahora con el nuevo escenario y la llegada de las dos nuevas compañías la pregunta que surge es ¿quién asumirá el pago de dichas transferencias? El Estado o los nuevos operadores? El debate pica y se extiende.
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