¿Playas Privadas?

Hace pocos días como resultado de investigaciones, pesquisas, pruebas documentales y un largo proceso se produjo fallo condenatorio, por 12 años de cárcel, en contra de Judith Pinedo, ex alcaldesa de Cartagena, para el período comprendido entre los años 2008-2011, por la venta de la venta de unos metros de playa en El Laguito, mediante Escritura Pública No. 408 del 23 de febrero de 2009.

El predio fue vendido al Hotel Dann cuyo gerente para la época era Luis Edgar Restrepo Pinedo, también condenado dentro del mismo fallo, hecho que viene a corregir una práctica ilegal sucesiva y que se está volviendo pandemia alrededor de todas las playas del territorio nacional.

Y que, para entender esta perversa práctica es preciso aclarar que bienes comunes naturales no son recursos naturales, los bienes comunes naturales están comprendidos por el aire y la atmósfera, el sol y el cosmos; las aguas, océanos y glaciares: la biodiversidad, los desiertos y montañas, el suelo y subsuelo, el material genético encerrado en la naturaleza y las semillas y están allí para el goce, disfrute uso y beneficio de sus habitantes.

Quien podría dar un uso distinto a ello sería la nación y este solo precepto impide que un particular pudiera vender algo que le pertenece no solo a la naturaleza si no al estado mismo.

Sin embargo en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Coveñas, Moñitos, Arboletes, solo por mencionar algunas playas, se puede ver con mucha facilidad la delimitación, incluso en encerramiento de metros de playas, con avisos de: “playa privada”, por grandes cadenas hoteleras, concepto que, de acuerdo al fallo, no ha de existir por la connotación de ser un bien natural de uso común.

En lo que los alcaldes de esos territorios no solo han sido permisivos si no que profesan un total desconocimiento del ordenamiento jurídico de estos bienes. Resulta absolutamente inadmisible que un particular pretenda explotar un bien que no solo no le pertenece si no usufructuar el mismo, violando de un tajo los fines esenciales del estado ya que impide el desarrollo, bienestar de las personas los pueblos y comunidades de quienes habitan estas costas, afectando gravemente la identificación y unidad cultural generando en la comunidad una desconfianza gubernamental.

Sé debe entender, de una buena vez, que la privatización es un modelo que aplica para otros tipo de situaciones de las que ya estamos llenos pero, jamás podría aplicar para las playas, algunos capitalistas salvajes y herejes se han reservado para usos exclusivo so pretexto de tener poder adquisitivo.

Pero este no puede convertirse en una práctica masiva y sistemática, toda vez que es violatoria de todo principio de igualdad frente al uso de bienes comunes naturales. No se puede explicar como es que las administraciones que se encuentran atiborradas de asesores jurídicos caigan en tal despropósito; o le tienden una trampa a sus jefes, o la arrogancia y el ego de algunos mandatarios pasa por encima de cualquier precepto jurídico, o lo que es peor: sus asesores no tienen ni idea de asesorar.

Así las cosas es un fallo no solo histórico si no que marca la ruta de quienes están inmersos en esta práctica legal dañina y excluyente.

Tener claro en una administración publica de los “bienes comunes naturales” generan valor como lugar de convivencia y reproducción de la propia vida en la tierra, al tiempo que lucha contra las diversas formas de dominación de unas clases sobre otras minimizando los riesgos de la tercerización, que abre paso en todas las esferas de la sociedad. Somos los ciudadanos los llamados a defender y corregir los horrores que cometen a quien elegimos para la administración de nuestros bienes, activos y recursos.

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