Nos hemos acostumbrados que cada vez que hay algún escándalo por corrupción o de cualquier otro tipo en donde se encuentran involucrados servidores públicos a cualquier nivel, los funcionarios de más alto rango no asumen precisamente su responsabilidad por ser los primeros responsables de lo que lo ocurre en su dependencia, lo cual, no quiere decir que sean culpables o autores de la situación presentada.
En cualquier cadena de mando, tal como sucede en el tema castrense, existe una responsabilidad del superior (por omisión) que se debe asumir en cada caso en particular.
Me dice Candelaria, que el verbo renunciar es muy difícil de pronunciar, hasta razón tiene. Nadie debe asumir culpa de otro pero de manera independiente es responsable administrativamente de las actuaciones de sus subalternos, otra cosa es la responsabilidad penal.
Es por eso que la responsabilidad política es la valoración íntima que se hace un funcionario a causa del uso o mal uso que una persona hace del poder. Es un juicio de valor necesario.
Para la opinión pública que debería sentirse tranquila por las decisiones de sus gobernantes y servidores públicos, el hecho de no asumir la responsabilidad política induce a la sensación sobre “aquí nada pasa” y de cierta manera afecta la credibilidad del gobierno.
Tampoco es permitida la “cacería de brujas”, ya que habría que individualizar los hechos en sí y la actuación oficial de la entidad afectada.
Eso mismo hacía alusión el Senador José David Name cuando expresó:
“Cada ministerio del gobierno es creado con objetivos y funciones específicas que deben ser cumplidas sin excepción alguna, cuando no existe un desempeño acertado de dichas labores, hay una responsabilidad política que debe ser asumida.” [2 de Mayo de 2018]
Se necesita establecer responsabilidades políticas y administrativas en los altos cargos cuando no hay efectividad en las obligaciones, muchas veces por falta de control, lo cual no es óbice para una responsabilidad personal a nivel político.
Álvaro Gómez decía que a la gente había que creerle, pero con el tiempo y en las actuales circunstancias debe venir acompañada de serios indicios en favor de su transparencia.
La circular conjunta de 2003de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la República dirigida a los altos funcionarios de la nación estableció los “Deberes de las entidades en la administración y cuidado de los bienes; responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios públicos por pérdida o daño de los bienes a su cargo.”
En ese sentido, a vía de ejemplo, en principio la responsabilidad recae en aquellos funcionarios que teniendo bienes a su cargo permitan su pérdida o daños. En ese caso, el representante legal de la entidad debe ser responsable de manera compartida con sus subalternos que propiciaron tal deterioro a los bienes públicos.
Pero de manera conclusiva, y teniendo en cuenta que la responsabilidad penal es personal más no la disciplinaria, es así, que el superior jerárquico debe asumir la responsabilidad política por las actuaciones de sus subalternos y conllevaría a presentar su carta de renuncia. Otra cosa, es que después de ese gesto gallardo y consecuente su nominador no le acepte la dimisión.
No es solo la defensa férrea de las condiciones morales e intelectuales del funcionario sino enviar un mensaje a la comunidad donde se refleje no solo esas calidades sino preservar el principio de autoridad.
Hoy se debate el país lo acontecido en MinTic, personalmente creo en la ministra pero así como enfrentó la situación, debió poner en consideración del Presidente su cargo porque además no es de poca monta el escándalo.
Las autoridades de control harán su trabajo, ya se habla de la moción de censura contra la ministra. ¿Será un desgaste innecesario para el gobierno?
Es de resaltar la manera en que ha enfrentado la ministra la situación presentada, de cara al país y a su Presidente dando claros indicios de transparencia.
Me dice Euripides que está de acuerdo con lo consignado en la Revista Semana de manera concreta la columnista Andrea Nieto, cuya conclusión tiene cercanía a esta reflexión:
“Espero que la ministra pueda demostrar su inocencia. Los ministros tienen responsabilidad política y un error de semejante envergadura exige una respuesta política, y eso se hace presentando la renuncia, dando espacio a un nuevo liderazgo y explicándoles a los organismos de control que se actuó con buena fe.”
La falta de diligencia y cuidado es sancionable.
Nota al margen: hay que darle la eficacia necesaria y su importancia a la moción de censura establecida en la Constitución en ejercicio del control político.
Omne ignotum pro magnifico est – Todo lo desconocido se tiene por magnífico.
