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A propósito del escándalo del MinTic: Entramado nefasto

Es indignante contemplar lo que las autoridades judiciales competentes han puesto al descubierto con respecto al despilfarro de dineros en el escándalo del MinTic y malversación de fondos por parte de individuos que ya han tenido antecedentes judiciales reprochables como es el caso del contratista Emilio Tapia. Cuesta creer que la plata que debió haberse destinado exclusivamente a la compra de los equipos tecnológicos para llevarles internet con amplia cobertura  a los niños más humildes de Colombia se haya utilizado cínicamente para otras finalidades como compra de carros, apartamentos, fincas, prestamos familiares y órdenes a cuentas bancarias por fuera del país. 

Debería darles suprema vergüenza a estos personajes (representantes de centros poblados, contratistas y responsables de las pólizas falsas) envueltos en un entramado de corrupción nefasto que deja boquiabierto a toda persona que escucha la noticia, pues deja entrever que el ‘tramuyo’ en este país no tiene límites, y que por lo general cuando se trata de cuantiosas sumas de dinero, los contratistas corruptos siempre buscan la forma de pensar en su beneficio personal, descartando la finalidad altruista o benevolente de la contratación.

Se percibe a todas luces que el escándalo por el desfalco del contrato de MinTIC por la gente inescrupulosa de  Centros Poblados ha tenido todos los ingredientes propios de la mafia, acciones propias de personas del bajo mundo, que es el de la corrupción e ilegalidad.

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el Juez 53 de control de garantías de Bogotá decidió enviar a prisión a los tres capturados por el escándalo de presunta corrupción en el cual se encuentran embolatados los 70.000 millones de pesos del MinTic cuya reaparición de estos dineros será un caso de misión imposible ya que más malgastados no pueden estar, pero por lo menos se hará justicia ordenando un castigo ejemplar para quienes, con artificios engañosos, hicieron esta espiral de mentiras, defraudando a los niños que necesitan servicios de internet para su educación virtual  y a los padres de familia y ciudadanos en general.

El juez fue lo bastante inquisidor como para mostrar su desapruebo en el despilfarro y engaño millonario y no dudo en confrontar con duros argumentos a los responsables del robo del año. Durante una extensa y dura intervención, el juez insistió en que las personas involucradas sabían desde el inicio que se estaban haciendo cosas posiblemente irregulares, como la presentación de pólizas de garantía  y otros documentos falsos, como sucedió en este inquietante caso.

De hecho, al considerar las presuntas actuaciones de los implicados como graves, el juez decidió enviar a la cárcel al corrupto contratista Emilio Tapia; al representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y al vicepresidente de la corredora de seguros Rave, Juan José Laverde.

El juez 53 enuncio lo siguiente, mostrando su evidente cólera: «La situación de Emilio Tapia es nefasta. Esta es la defraudación más grande que ha conocido este despacho; por eso considero que su pronóstico es nefasto, nuevamente está incidiendo en la conducta punible, no hay ningún elemento de conocimiento que me permita decir que el señor Emilio Tapia no va a concurrir a la conducta punible, que no va a corromper las situaciones que se manejan en el erario del Estado. Con todos estos argumentos, está claro que el señor Tapia refleja un peligro de una dimensión clara y amplia, tanto así que se perdieron $ 70 mil millones».

Sobre Laverde argumentó: «En el caso de Laverde, se dejó instrumentalizar por Tapia. La medida de aseguramiento es necesaria para que estas actividades no se vuelvan a repetir en el futuro».

Ahora bien, sobre Luis Fernando Duque el Juez señalo lo siguiente: «No tiene un diagnóstico funesto, pero sí digo que parece que en algún momento de su carrera se encontró con Emilio Tapia, se dejó instrumentalizar en esta participación criminal. Lamento que se encuentre en esta situación y lo exhortó a que siga colaborando con la justicia. Esto no es una condena, es una detención preventiva, es suficiente la medida de aseguramiento».

Cuando la unión temporal Centros Poblados se ganó el millonario contrato con el Ministerio TIC para llevarles internet a los niños de las escuelas más apartadas del país, hubo testimonios de personas que declararon que había júbilo en la oficina 601 de un edificio cercano al Parque de la 93, en Bogotá. El descarado Emilio Tapia, el mismo que fue condenado por el carrusel de la contratación en la capital del país, brindó ese día con whisky junto a algunos de sus secuaces. De nuevo lo había logrado y debió brincar de un solo pie meditando que la ley no aplicaba a personas como él. Pero se equivocó.

Pues bien, ahora tendrán tiempo para continuar la fiesta tras las rejas por verle la cara a todo un país, especialmente a los niños que necesitaban de esos recursos digitales para su fortalecimiento académico.

Así las cosas, es claro precisar que, mediante una serie de testimonios se dejó al descubierto que Emilio Tapia era el verdadero dueño del contrato de Centros Poblados.  Hoy el país, en medio de la indignación, no entiende cómo un condenado por corrupción, que obtuvo beneficios de la justicia, reincidió olímpicamente pasando por encima de los organismos de control y todas las autoridades y burlándose tan cínicamente de los colombianos. ¡Cosas que solo pasan en este país!

Pero las cosas se les pueden complicar aún más a Tapia y a sus socios pues hace  apenas unos días, tras las gestiones del fiscal Francisco Barbosa en Estados Unidos, una comisión del FBI estuvo en Colombia y se llevó todas las pruebas del caso tras una reunión con el director anticorrupción para realizar las operaciones correctivas penales, de conformidad con los elementos probatorios y demás informaciones que permitan esclarecer en su totalidad la investigación penal.

Por otro lado se confirmó que la justicia de Estados Unidos ya tiene abierto un proceso por lavado de activos, teniendo en cuenta que 58.000 millones de pesos del anticipo del contrato con Centros Poblados habrían circulado por el sistema financiero de ese país. Es más que claro que Emilio Tapia sabe todo lo que pasó antes, durante y después del escándalo  porque fue el cerebro del nefasto plan. Sin embargo,  antes de ser capturado, le hizo llegar una comunicación a la Fiscalía en la que manifestó que estaba dispuesto a colaborar con la justicia. Tapia tiene mucho que perder porque es un reincidente y había recibido beneficios, en un principio de oportunidad, tras ser condenado por el carrusel de la contratación. Se espera que este capo termine delatando a todos los involucrados, incluidos los políticos, sin escapar claro, de las manos de la justicia.

Jesús Fernández, abogado.

Jesús Fernández