Ley de Presupuesto General recibió sanción presidencial
El Presidente de la República, Iván Duque sancionó la Ley de Presupuesto General de la Nación para el 2022, incluyendo la polémica modificación a la Ley de Garantías.
“Sancionamos la Ley del Presupuesto General de la Nación 2022 que prioriza la asignación de recursos en atención social a población vulnerable, el apoyo al crecimiento económico y la generación de empleo, y cuenta con un monto de inversión histórico que alcanza los $69,6 billones”, anunció el jefe de Estado.
El juzgado tercero administrativo de Bogotá le había ordenado suspender la modificación de la ley de garantías, al mandatario que terminó haciendo caso omiso considerando que eso violaría la Constitución.
“Un juez de la República no le puede decir a un presidente qué debe o no objetar, porque eso sería violar la Constitución colombiana. Nosotros firmamos la ley y la firmamos con este artículo, obviamente se hará todo el proceso judicial que corresponda en el debate sobre ese artículo”, aseguró Duque.
Tras la firma de Duque, varios congresistas anunciaron demandas ante la Corte Constitucional para que tumbe la ley. Uno de las primeros pronunciamientos fue el del senador Roy Barreras, quien ya radicó una demanda.
“Inmediatamente sancionada la ley la Corte Constitucional debe iniciar conocimiento de la DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE HE RADICADO. La ley se caerá. Advierto a alcaldes y gobernadores que NO pueden contratar sin ley de garantías hasta que la Corte decida mi demanda”, indicó Barreras.
De igual forma, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, expresó que: “Desde ya anuncio que demandaré el artículo 125 de la ley del presupuesto frente a la Corte Constitucional, esperando que esta misma tenga prelación frente a otros casos dado la importancia del tema”.
Cabe mencionar que, en el fallo, el juez determinó que se violaron los derechos al debido proceso y a la igualdad en el trámite legislativo que modificó la Ley de Garantías, “el cual fue objeto de votación en Senado y Cámara por desconocer el principio de objeto de reserva y afectar de manera grave los principios de imparcialidad e igualdad electoral”.
