Bogotá. Se conoció que ya se encuentra listo el borrador del proyecto de ley de sometimiento de las organizaciones criminales que impulsará el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, de la mano del alto comisionado para la Paz.
En el texto del borrador se plantean beneficios para las bandas que se acojan a la justicia, entreguen los bienes y se comprometan a dejar atrás las acciones delincuenciales.
Uno de los puntos que generará mayor debate tiene que ver con las sanciones alternativas que recibirían los integrantes de esas organizaciones. Según el borrador, los altos mandos de las estructuras criminales recibirían beneficios de rebaja de pena de hasta el 60%, que tendrían que pagar en un centro carcelario en la etapa inicial.
“Para altos mandos, cuyos roles hayan permitido una imputación de delitos atroces (concurso de delitos), una vez condenados con la rebaja del 60% de la pena imponible, iniciarán a cumplirla privados de la libertad en establecimientos de reclusión. Cumplida un cuarto de la pena podrán acceder a permisos de 72 horas en las cuales deben cumplir la carga restaurativa del programa de restauración y reinserción especial”, indica la iniciativa.
En el proyecto se propone que a medida en que va avanzando el cumplimiento de la condena, podrían solicitar algunos permisos para poder salir de los centros de reclusión.
“Cumplida las 2/5 parte de la pena entrarán a un periodo semiabierto donde podrán acceder a permisos de 15 días cada dos meses, debiendo cumplir la carga restaurativa del programa de restauración y reinserción especial”, añade el texto.
Por otra parte, se propone la creación de“zonas de ubicación temporales” en donde podrían pagar también podrían pagar parte de sus penas. “El incumplimiento de las obligaciones impuestas inherentes a la medida de aseguramiento provoca la sustitución de la medida privativa de la libertad en zonas de ubicación temporales a una privativa de la libertad intramural”, dice.
Se había hablado de la posibilidad de otorgar una amnistía a las bases de estas estructuras criminales. “Se aplicará la ejecución especial de la pena a las bases de la estructura de crimen organizado de alto impacto y únicamente hayan incurrido en delitos como: concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal”, indica.
Otro de los temas polémicos tiene que ver con la entrega de los bienes obtenidos de forma ilegal. El borrador propone que los miembros de estos grupos puedan quedarse con el 10% de los mismos.
“Los procesados entregaran un inventario de los bienes muebles e inmuebles que tuviesen relación directa o indirecta con las actividades ilícitas por las que han sido imputados. Cumplido ello, el imputado podrá conservar el derecho de dominio sobre uno o algunos de dichos bienes siempre que su valor comercial no supere el diez por ciento (10%) del total de los bienes objeto de colaboración o hacerse acreedor de hasta el diez por ciento (10%) del producto que se obtenga de la enajenación de los bienes entregados”, manifestó.
El borrador del proyecto está siendo socializado con los congresistas y la oficina del Alto Comisionado para la Paz está a la espera de que el presidente Gustavo Petro lo revise para que le dé su visto bueno y el mismo pueda ser radicado en el Congreso la próxima semana.
