Bogotá. Solo una causa, hasta el momento, ha logrado poner de acuerdo a dos orillas totalmente opuestas en el país: el Pacto Histórico y el Centro Democrático. Después de varias conversaciones que tuvieron estos dos movimientos políticos se llegó a un acuerdo para radicar una enmienda constitucional con la cual se busca reformar el Congreso.
La causa no podía ser menos loable: ella está encaminada a reducir el salario de los congresistas, disminuir su periodo de vacaciones, sancionar severamente el ausentismo parlamentario y combatir la repartición de mermelada.
En primer término, se acordó que a través de la reforma tributaria se pondrá un impuesto del 20% al salario de los legisladores, lo cual disminuiría de forma inmediata en varios millones de pesos el sueldo mensualque reciben entre el periodo 2022-2026.
A partir del 2026, según explicó el representante Hernán Cadavid,el salario quedaría reducido vía Constitución a alrededor de 23 millones de pesos.
“La reducción del salario es a 23 salarios mínimos, incorporar un impuesto adicional de esta fecha hasta el 2026, hasta que entre en vigencia el próximo periodo legislativo, esperamos que esto se pueda lograr y esta es la oportunidad de sacar esto adelante”, indicó.
En cuanto al receso legislativo, el proyecto plantea que los parlamentarios comenzarán a trabajar desde el 01 de febrero y no desde el 16 de marzo, como ocurre actualmente.
También se incluyeron algunos cambios al régimen de inhabilidades, para que los congresistas pierdan la investidura, no solo cuando no asistan a seis plenarias, sino también cuando no asistan, de forma injustificada, a seis sesiones de comisionesconstitucionales.
Adicionalmente, se acordó impulsar medidas para combatir la ‘mermelada’. La representante Marelén Castillo afirmó que “cuando no se dan prebendas y no se da mermelada, vamos acabando la corrupción en Colombia”.
Los congresistas que lograron este acuerdo son Paloma Valencia y Hernán Cadavid, del Centro Democrático; Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico; y Marelen Castillo y Érika Sánchez de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.
