País. El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, firmó la resolución 00801 que designa el equipo que hará parte de la mesa técnica de alto nivel que verificará el estado y manejo del inventario de bienes a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con el propósito de identificar posibles irregularidades e intervenir penalmente respecto a las actuaciones que constituyan delito.
En la mesa de alto nivel participarán una comisión de la Fiscalía, representantes de la SAE y otras entidades relacionadas con la temática, que establecerán la frecuencia en la que se reunirán, y rendirán informes periódicos para hacer un seguimiento constante y definir las acciones a tomar.
Como un primer aporte, la Fiscalía entregó un informe que detalla las propiedades ocupadas con fines de extinción del derecho de dominio desde que el Fiscal General de la Nación asumió el cargo. Se trata de 19.587 bienes, cuyo avalúo supera los 25.7 billones de pesos.
Durante los últimos años la Fiscalía puso en marcha una estrategia investigativa y judicial para poner en evidencia a los responsables del manejo irregular de los bienes que estuvieron a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), entidad que antecedió a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Al respecto, hay 105 procesos activos, de los cuales 66 están en indagación, 11 avanzan en investigación, 27 en etapa de juicio y en uno se obtuvo la terminación anticipada.
Entre 2018 y 2022, han sido realizadas 29 imputaciones y 20 acusaciones, suscrito 4 preacuerdos, otorgado 5 principios de oportunidad y obtenido 6 condenas. Desde febrero de 2020, fueron priorizadas las actividades investigativas y se les dio un impulso. En algo más de 31 meses se hicieron 17 imputaciones, radicado 16 escritos de acusación y logrado 5 condenas, todas están ejecutoriadas.
De otra parte, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impactó el patrimonio de tres de los señalados involucrados en las anomalías detectadas en la DNE. En ese sentido impuso medidas cautelares sobre 91 bienes, avaluados en más de 220.000 millones de pesos. Las propiedades fueron ocupadas entre octubre y diciembre de 2021, en Barranquilla, Baranoa y Galapa (Atlántico); y Cartagena (Bolívar).