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Más del 50% de comisarías de familia en el país trabajan en condiciones precarias: Procuradora

Bogotá. En seguimiento a las situaciones de violencia por razones de sexo y género en el país, la Procuraduría General de la Nación presentó las conclusiones de dos recientes informes realizados por el ente de control, a fin de revisar el estado actual y visibilizar alertas en esta materia y en relación a la activación de las rutas de atención, protección y acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. El primero de los informes abordó la crítica situación de funcionamiento de las comisarías de familia a nivel nacional. Llama la atención que, de las 668 comisarías de familia evaluadas: Solo el 52 % cuentan con un equipo interdisciplinario completo y permanente, que en un 23 % se encuentra de manera ocasional y en el 25 % no existe un equipo completo que cumpla con el marco normativo. Solo el 47 % cuentan con un sitio para la atención de víctimas en condiciones de privacidad con una infraestructura suficiente y accesible. En al menos el 18 % de las comisarías, hacen falta puestos de trabajo para los funcionarios. La realidad de las comisarías en el año 2021, fecha en la que se recolectó la información, es similar a la evaluada en el 2011 y 2018, lo que permite inferir que no existen proyectos correctivos. Para la jefe del Ministerio Público, es inaceptable que las comisarías del país continúen trabajando en condiciones que limitan la prestación de servicio en condiciones de dignidad y que suponen riesgos para los funcionarios de los despachos; problemática que el ente de control ha insistido en la necesidad de atender, por tratarse de entidades fundamentales en la ruta de acceso a la justicia familiar. “Es inadmisible que, a la fecha, muchas comisarías del país continúen trabajando en condiciones precarias”. Sostuvo la Procuradora Margarita Cabello. La Procuraduría General de la Nación exhortó a los alcaldes para que desarrollen estrategias orientadas a mejorar las condiciones de las comisarías de familia, que incluyan el presupuesto y las acciones necesarias para hacer sostenible el fortalecimiento permanente de las comisarías, preservando la salud mental de los funcionarios y garantizando la prestación del servicio de administración de la justicia familiar.  
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