Bogotá. El Ministerio de Justicia está trabajando en un proyecto de ley que presentaría en las próximas semanas al Congreso, con el cual se busca combatir el hacinamiento carcelario en todo el país.
La iniciativa contendría varios artículos polémicos, como el que propone reducir de 60 a 40 años la pena máxima en Colombia, además de plantear que las conductas desarrolladas en el marco de la protesta no serán consideradas como actos de terrorismo.
“En el marco de la protesta social, el ejercicio de la libertad de reunión, asociación o manifestación, pueden dar lugar a la configuración del delito de concierto para delinquir, en sus modalidades simple o agravada”, plantea el borrador de la propuesta.
También propone modificaciones a la figura de prisión domiciliaria, además de la eliminación de algunas faltas que hoy son consideradas como delitos penales, entre ellas la injuria, la calumnia y el fraude en inscripción de cédulas.
La propuesta ya comenzó a generar polémica en el Congreso de la República. El senador David Luna afirmó que sería un error entregar estas gabelas a personas que cometen delitos en medio de movilizaciones ciudadanas.
“La protesta social está amparada y protegida por la Constitución Política. Sin embargo, si se comete cualquier tipo de delito, estos deben ser investigados y sancionados. Se equivoca el proyecto de ley del Gobierno Nacional al pretender excluirlos porque está dando un pésimo ejemplo a la sociedad, porque estarían evadiendo el sistema jurídico y la sanción penal”, sostuvo.
Sin embargo, hay quienes defienden el borrador del proyecto advirtiendo que la actual política criminal y carcelaria ha sido un fracaso.
El senador Iván Cepeda afirmó que la iniciativa está “poniendo un énfasis en formas de justicia restaurativa que pueda reemplazar los estándares de justicia penal que han saturado las cárceles y que no permiten avanzar realmente en materia de justicia, sino más bien en generar un sistema que carece de toda clase de garantías de derechos para quienes están siendo procesados”.
La propuesta legislativa aún está siendo estudiada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y se espera que la misma esté lista en los próximos días.
