En nueva imputación, JEP llama a 10 ex-Farc a responder por secuestros en Tolima
Por 61 secuestros, gran parte de ellos para extorsionar a las personas, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada para juzgar y sancionar los más graves crímenes del conflicto armado, imputó a 10 exmandos del antiguo Comando Conjunto Central (CCC) de las Farc, que operó en el sur del Tolima, Quindío y Huila.
Aunque este es el subcaso más pequeño que estudia la Sala de Reconocimiento, tiene una importancia estratégica para develar las heridas que el conflicto armado dejó no solo allí, sino en otras regiones del país, pues Tolima, especialmente el sur del departamento, fue considerado el epicentro organizativo y quizás el referente simbólico más importante de la historia de las Farc.
Allí se remonta el origen de la guerrilla, marcado por las luchas de los años cincuenta contra la violencia conservadora, la división entre “limpios” –liberales que se mantuvieron leales al Partido Liberal– y “comunes” –liberales que se volvieron comunistas–, y el bombardeo a Marquetalia.
También fue un enclave valioso y centro de la lucha por el control del Cañón de las Hermosas, ubicado entre las cordilleras Central y Oriental, pasando por el valle del Alto Magdalena. Estar ubicado allí le permitió al CCC dominar los corredores de movilidad que permitían a los guerrilleros de distintos frentes llegar sin ser detectados por la Fuerza Pública desde los llanos orientales hasta la costa del Pacífico, y desde Cauca hasta e l Magdalena Medio.
Los detalles sobre esta nueva imputación, la segunda que ha hecho la JEP contra ex integrantes de las Farc, los entregaron en la mañana de este viernes el presidente de la JEP Roberto Vidal y los magistrados de la Sala de Reconocimiento.
El horror de los secuestros
De acuerdo con la investigación de la JEP, que en este subcaso tiene a 144 víctimas acreditadas -61 de ellas víctimas directas de secuestro- en 26 secuestros el fin de la privación de la libertad fue económico, y en 27, fue por control territorial; también hay 8 casos en los que no se pudo determinar el fin.
De todos los secuestrados, 17 murieron en cautiverio y varias víctimas que aún están reportadas como desaparecidas.
Entre las conductas se tiene que este Comando secuestró incluso a niños y a adultos mayores, para presionar a sus familias por pagos. También secuestró a integrantes de la Fuerza Pública.
El Comando Conjunto, que otrora llegó a tener 1.180 integrantes, según informó la JEP, se fue desintegrando y en 2015 tenía unos 150 apenas, la mayoría de los guerrilleros murieron en medio del conflicto armado, incluidos varios de los mandos, por lo cual esta imputación de la JEP es contra los que sobreviven.
A pesar de su tamaño menor frente a otras estructuras, la JEP señaló que el Comando Conjunto Central jugó un papel importante en la manera como la extinta guerrilla adoptó la política de financiarse a través de los secuestros.
En esta estructura funcionó la Comisión Financiera Manuelita Sáenz, que creó un complejo sistema de financiamiento por medio de “nóminas” de extorsión enfocado en sectores de la región: arroz, transporte, café, petrolero, contratación pública y energía, así como tasas a la cerveza y a la gasolina, identificando personas y empresas que debían aportar una tasa, o ser secuestrados como penalidad.
De acuerdo con la investigación, las técnicas de esta comisión fueron emuladas por otras unidades y replicadas en la organización guerrillera, de hecho, hay indicios de que este modelo fue retomado por toda la organización armada en las órdenes conocidas como la “Ley 02.”
