La millonaria licitación para la impresión de visas y pasaportes que ha estado en el ojo del huracán durante los últimos meses tuvo una movida importante que podría cambiar el rumbo de la contratación a favor de los denunciantes.
Tras los señalamientos por presuntos favorecimientos al actual contratista, Thomas Greg and Sons, la Cancillería decidió suspender este martes la audiencia de adjudicación en la que se definiría si la licitación se declaraba desierta por falta de oferentes competentes o se terminaba asignando a la única oferente actual, TGS.
En dicha audiencia pública realizada en la tarde de este martes, el canciller Álvaro Leyva asumió la representación legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y aseguró que “con el fin de garantizar absoluta objetividad en el análisis de la estructuración y evaluación del proceso, y para requerir de un tiempo prudencial para lo correspondiente a efecto de poder adoptar una decisión en derecho”, fue necesario suspender la diligencia por un período de 8 días.
Así mismo, el Ministro @AlvaroLeyva instaló la audiencia y suspensión de la misma hasta el día 13 de septiembre de 2023. pic.twitter.com/QS0p2eof56
— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 5, 2023
Así las cosas, el trámite continuará a partir del próximo 13 de septiembre con la intervención directa del canciller Leyva. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con todo ese contrato y por qué está en problemas?
En resumen, el proceso en cuestión se trata de un contrato por 559.000 millones de pesos cuyo objetivo es “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica”, todo eso durante los tres años que le restan al gobierno del presidente Gustavo Petro.
Pese a que el proceso de licitación empezó en los tiempos normales, todo se fue complicando luego de que las demás compañías denunciaran un presunto favorecimiento a Thomas Greg, la única empresa que ha manejado ese negocio en el país durante los últimos 17 años.
Según los demás oferentes que se habían postulado, TGS tenía prácticamente una “contratación de bolsillo” en la que múltiples requisitos la favorecía solo a ella y sacaba del camino a las demás multinacionales que competían por ese contrato.
Solo por mencionar algunos ejemplos, al inicio de la licitación se habían presentado gigantes como Veridos, la imprenta nacional alemana; InGroup, encargada de esos documentos oficiales para Francia, Perú y varias naciones más, y Cadena, una firma paisa aliada a la Casa de Moneda de Portugal que hoy les imprime pasaportes y documentos oficiales a varios países de Europa y América Latina.
Sin embargo, todas esas compañías terminaron por retirarse tras alegar que no había garantías para competir por ese contrato.
Podría haber escasez de visas y pasaportes
En medio de todos estos líos jurídicos, tanto la Contraloría como la Procuraduría General de la Nación han manifestado sus preocupaciones por las posibles demoras en la adjudicación que no solo podrían acarrear sanciones disciplinarias para los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que podrían generar un desabastecimiento de visas y pasaportes si no se encuentra a un contratista para antes de que termine el contrato actual.
Tras el anuncio del canciller de aplazar la audiencia por una semana más, la Procuraduría insistió en que, de no adjudicarse la licitación, “cualquier responsabilidad sobre el proceso recaería sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Cabe recordar que este es el tercer aplazamiento en el proceso de licitación y adjudicación del contrato.
Las otras dos ocasiones fueron por una acción popular que había congelado la adjudicación y por los presuntos favorecimientos a Thomas que, al parecer, sí le preocupan a Leyva.
