Este 14 de mayo, en las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), arrancó una audiencia en la que distintas entidades del Estado rinden cuentas sobre la búsqueda de desaparecidos en Colombia, en el marco de una medida cautelar nacional que protege los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada.
La medida cautelar fue dictada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) de la JEP, que citó a la diligencia a los Ministerios de Hacienda, Salud Interior, Justicia, TIC y Defensa, a los presidentes de la Corte Suprema y magistrados del Consejo de Estado, a Medicina Legal, la Fiscalía, a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), a organizaciones de víctimas, entre otros.
La diligencia arrancó con una intervención del presidente de la SAR, el magistrado Raúl Sánchez, quien señaló que han identificado que “hay una falla estructural del Estado en la búsqueda de las personas desaparecidas”.
Entre las deficiencias transversales y estructurales que citó el magistrado Sánchez están la ausencia de consolidación de los sistemas de información relacionados con el proceso de búsqueda e identificación, la dificultad de acceso a la información, el subregistro de víctimas, la falta de articulación estatal, la ausencia de una política pública sobre la custodia y preservación de lugares de inhumación, entre otras.
El magistrado resaltó que el trabajo de la SAR ha llevado a realizar 1.530 exhumaciones, 85 identificaciones y la entrega digna de 69 cuerpos de personas desaparecidas a sus familias.
Problemas con las cifras
Una de las situaciones reportadas en la audiencia como una dificultad para la búsqueda de personas desaparecidas es el hecho de que no hay un universo consolidado de víctimas aunque sí distintas estimaciones, por ejemplo, según citó la SAR, la UBPD estima alrededor de 111.640 víctimas, mientras que la Fiscalía General señala que ascienden a 122.781; Medicina Legal, con corte a 14 de abril, reportaba 186.111 personas desaparecidas.
De otra parte, en la audiencia se trajo a colación que en 17 años de funcionamiento del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) de la Fiscalía se han exhumado 12.380 cuerpos -lo que daría un promedio de dos cada día- y entregado 6.292.
“Conscientes de lo anterior, mediante el presente trámite cautelar se busca saldar la deuda histórica que se tiene con las víctimas de desaparición forzada en el país, propiciando la coordinación interinstitucional a fin de lograr avances tangibles en materia de búsqueda, identificación y entrega digna (…) y contribuyendo de alguna forma aliviar el sufrimiento de miles de familias colombianas que durante años han emprendido la labor incesante de búsqueda de sus seres queridos”, concluyó el magistrado Sánchez.
A su turno el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, destacó que su invitación a la audiencia “deja en evidencia el compromiso de la justicia ordinaria con las víctimas de desaparición forzada”. Y el magistrado Alberto Montaña, presidente de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que hay límites en las reparaciones que pueden ordenar los jueces.
