Por: Jairo Aníbal Doria
La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizada en Washington, se produce en un momento políticamente sensible para el país: a pocas semanas de las elecciones legislativas del 8 de marzo y en medio de un clima de alta polarización interna.
Más allá de los gestos diplomáticos y de la ausencia de anuncios estructurales, el encuentro adquiere relevancia por su impacto político interno.
En plena campaña, la política exterior —tradicionalmente ajena al debate legislativo— entra al centro de la discusión pública, especialmente en lo relacionado con la seguridad, el narcotráfico y la relación con el principal socio estratégico de Colombia.
Durante meses, la relación entre Bogotá y Washington estuvo marcada por tensiones abiertas, declaraciones cruzadas y desconfianza mutua.
En ese contexto, el solo hecho del encuentro funciona como una señal de desescalamiento y restablecimiento de canales formales de diálogo, sin que ello implique una convergencia plena entre las visiones de ambos gobiernos.
En clave electoral, la reunión reordena el debate.
Para el oficialismo, reduce el impacto de la narrativa que advertía sobre un aislamiento internacional del país.
Para la oposición, obliga a ajustar el discurso, pasando del escenario de ruptura al de cuestionamientos sobre la solidez, el alcance real y las concesiones implícitas de la relación bilateral.
El tema que más peso tiene en esta coyuntura es la seguridad. La cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado sigue siendo el eje central del vínculo con Estados Unidos y uno de los factores que más inciden en la percepción ciudadana.
En ese terreno, la reunión no resolvió las diferencias de enfoque, pero dejó claro que el tema será inevitable en la recta final de la campaña al Congreso.
El encuentro también tiene un efecto movilizador. Para algunos sectores, representa una señal de reconocimiento internacional; para otros, despierta críticas sobre el manejo de la política exterior y la autonomía del país.
Ese contraste contribuye a elevar la intensidad del debate y puede traducirse en mayor participación electoral.
En el trasfondo, el mensaje es claro: la relación con Estados Unidos vuelve a ser un factor político interno en Colombia y el Congreso que se elija el 8 de marzo tendrá un papel determinante en respaldar o tensionar la agenda internacional del próximo gobierno.
