Montería. La prohibición de las corralejas vuelve al ruedo. Esta vez gracias a dos proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República y que están actualmente siendo debatidos en la Cámara de Representantes y en el Senado. Así las cosas, en el marco del debate que tiene como centro a Córdoba por ser un departamento que acoge gran parte de las fiestas de corraleja que se realizan en el país, los defensores de los animales del departamento lanzaron una encuesta en la que buscan indagar acerca de lo que piensan los cordobeses sobre dicha actividad y su posible prohibición.
A través de preguntas como si las corralejas hacen parte de la tradición cultural cordobesa y si las consideran actividades donde se maltraten a los animales, los rescatistas y proteccionistas cordobeses invitan a quienes viven en los 30 municipios de Córdoba a opinar sobre el tema.
Afirman los autores de esta iniciativa que “no se puede negar que cada año son más las personas que se manifiestan en contra de las corralejas por considerarlas fiestas que ponen en riesgo la vida de las personas y los animales. Pese a ello, las prácticas taurinas aún se llevan a cabo en diferentes zonas del país y están autorizadas en los lugares donde tienen arraigo cultural”.
Afirman que, esto podría cambiar con la llegada de diferentes senadores y representantes animalistas al Congreso. El primer proyecto de ley presentado por la senadora del Partido Verde Andrea Padilla, ya fue debatido en la Comisión V del Senado y busca no solo prohibir todas las prácticas taurinas (con excepción del coleo), sino también otras prácticas de entretenimiento que atentan contra la integridad de los animales como las riñas de gallos.
La segunda inicativa legislativa, de autoría del representante liberal Juan Carlos Losada, busca exclusivamente prohibir las prácticas taurinas. Este último cuenta con el apoyo de más de 40 congresistas de diferentes bancadas.
Cabe resaltar que ambos proyectos de ley incluyen la sustitución económica para las personas que se dedican legalmente a estas actividades y otorgan plazos de entre seis meses y dos años para la entrada en vigor de la ley.
