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Opinión

El Caribe Colombiano: autonomía o resignación

Por: Jairo Aníbal Doria

De los foros de juventud a la defensa de la asociatividad, una batalla que aún sigue pendiente.

Las regiones que no se organizan terminan obedeciendo toda la vida.”

Dedicado a quienes creen que desde las regiones también se construye Estado.

¿Cuántas veces más tendrá el Caribe que firmar declaraciones para que Colombia entienda que la autonomía regional no es un capricho, sino un derecho constitucional, una necesidad histórica y una urgencia para la equidad territorial?

Me hice esa pregunta hace 20 años, cuando participé como joven cordobés en los espacios del pensamiento regional que precedieron a lo que hoy vuelve a la agenda pública: la lucha para que el Caribe deje de ser periferia y asuma su papel como protagonista del desarrollo nacional.

Recuerdo claramente cuando tuve la oportunidad de participar como representante juvenil en los escenarios posteriores al VI Foro del Caribe Colombiano, realizado en Montería en octubre de 1996. Aquel documento, que muy pocos han leído hoy, trazó una ruta adelantada a su tiempo.

Allí se habló —con una claridad aún vigente— de autonomía, competitividad y sostenibilidad como pilares para construir región. No eran consignas: eran visión estratégica.

El Foro advirtió en 1996 que la autonomía debía permitir al Caribe “planificar y tomar decisiones sobre su desarrollo integral” y exigió avanzar hacia figuras regionales basadas en la Constitución de 1991

Es exactamente lo mismo que hoy recoge la Declaración de Montería de 2025.

Han pasado casi tres décadas y seguimos discutiendo lo mismo. ¿Retroceso histórico? No. Más bien creo que hemos carecido de continuidad política, de coherencia institucional y, sobre todo, de persistencia colectiva.

Mientras las elites del centro ajustan sus mecanismos de poder, en las regiones nos cuesta sostener agendas de largo aliento. Se crean procesos, se inician conversaciones, se firman compromisos… y luego todo queda al borde del olvido.

Esa sensación me acompañó cuando emprendí uno de mis primeros proyectos de construcción ciudadana: MACANEANDO, una escuela de pensamiento y acción para jóvenes que nació no solo como discurso, sino como herramienta: formar criterio, despertar identidad y sembrar una semilla de liderazgo regional.

Macaneando fue escuela itinerante, fue semillero de comunicación, fue resistencia pedagógica.

Y lo digo sin vergüenza: también fue golpeado por la falta de apoyo, incluso por parte de quienes uno cree aliados.

Muchos “amigos” políticos no apostaron por el pensamiento libre. No les convenía (ni les conviene), que exista pensamiento crítico organizado desde la juventud.

Pero esa escuela dejó cicatrices hermosas, pese a que por ejemplo, la Secretaría de la Juventud, por la que tanto luchamos, haya sido siempre y desde sus inicios, un “canto a la bandera”: aprendimos que la independencia cuesta, que abrir caminos implica perder confort y que no hay proceso social que sobreviva sin convicción.

Por eso siempre repito: lo que se construye de forma genuina, tarde o temprano vuelve a levantarse.

Zenú Radio es prueba de ello. Ese medio digital, que hoy sigue vivo como voz territorial, nació precisamente de esa lucha inicial por comunicar lo que pasa en Córdoba y el Caribe sin depender del centro.

Fue ese mismo espíritu —persistir en medio de la adversidad— el que años después me llevó al mundo de la asociatividad territorial.

Y aquí conecto con la coyuntura actual: la Declaración de Montería de 2025, que ni quienes la firmaron han comunicado, tal vez por no ver la trascendencia que tiene.

Desde el año 2009 he defendido técnica y jurídicamente la importancia de que los municipios no actúen aislados.

La fragmentación territorial es la mayor ventaja del centralismo y la politiquería: divide y vencerás.

Por eso creo en las Asociaciones de Municipios como instrumentos de planeación, integración y gestión para el desarrollo, consagrados en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT, Ley 1454 de 2011).

Muchos que critican las asociaciones de municipios y que atacan —con ignorancia o mala intención— los convenios interadministrativos, desconocen que estos son legales, constitucionales y obligatorios para coordinar esfuerzos públicos cuando hay objetivos comunes.

No lo digo yo: lo dice la ley 80, el artículo 6 de la LOOT y lo respalda el artículo 209 de la Constitución sobre colaboración armónica del Estado.

Sin asociatividad, no hay integración regional.

Y sin integración regional, la autonomía Caribe será una ilusión bonita… pero inviable.

Desde AMUSSIM insistí en ese modelo, aun enfrentando resistencias políticas y hasta persecución judicial.

Sí, lo digo con claridad: muchos de los procesos jurídicos e intentos de desprestigio que hoy enfrenta la asociatividad en Colombia no nacen del interés de proteger lo público, sino por defender pequeños feudos de poder local, que tiemblan ante cualquier forma de integración territorial seria.

Pero el tiempo pone cada cosa en su lugar: la verdad técnica y la legitimidad territorial, prevalecerán siempre.

Por eso, recibí con natural entusiasmo la Declaración de Montería, firmada este año por los gobernadores del Caribe y miembros de la Bancada Caribe.

Es una señal política que vuelve a poner sobre la mesa la transformación de la RAP Caribe en Región como Entidad Territorial (RET).

Buen paso. Pero advertencia necesaria: sin participación real de las asociaciones de municipios, sin una agenda desde lo local y sin una ciudadanía empoderada, esto puede ser otra declaración más sin músculo territorial.

Y me refiero a las Asociaciones de Municipios, por ser las únicas entidades administrativas de derecho público, con “dientes jurídicos” para actuar a nivel “supradepartamental“.

Los demás “esquemas asociativos territoriales” carecen de regulación o, para el caso de, por ejemplo, las áreas metropolitanas, existe una especie de “destinación específica” para su funcionamiento.

La autonomía no se decreta en un salón ni se proclama en una rueda de prensa. La autonomía se construye con planeación, con proyectos regionales reales, con integración vial interna, con economía solidaria, con conectividad educativa y con justicia territorial.

La autonomía se construye de abajo hacia arriba, con municipios que deciden asociarse para dejar de mendigar recursos y empezar a construir poder público propio.

Frente al tema de la autonomía territorial, Eduardo Verano de la Rosa, es un ejemplo viviente de: persistir, persistir y nunca desistir. Coincido. Pero también creo que llegó el momento de una nueva generación, de relevos regionales.

No basta con persistir: toca concretar. Y concretar implica carácter, rigor institucional y visión.

Si el Caribe quiere autonomía real, debe apostarle a una reforma estructural del ordenamiento del Estado. Y eso no lo va a hacer el Congreso solo, ni lo va a regalar ningún Gobierno nacional. Eso lo tenemos que imponer políticamente desde los territorios, con proyectos regionales y con mayorías sociales activas.

Estamos entrando en una coyuntura política que definirá si esta región vuelve al péndulo de los discursos o si asume de una vez la decisión de construir poder territorial legítimo.

En lo personal, tengo claro qué sigue: apoyar procesos políticos y candidaturas serias, técnicas y con visión, que entiendan la asociatividad, que respeten la planeación pública y que le apuesten a un Caribe con identidad, con productividad y con dignidad.

No necesitamos caudillos: necesitamos instituciones fuertes y liderazgo colectivo.

Quienes creemos en la autonomía territorial no militamos en la resignación. Militamos en la construcción.

Por eso, con la misma convicción de hace años, hoy lo digo de nuevo: Seguimos MACANEANDO.

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