Por: Jairo Aníbal Doria
La declaratoria ya es oficial. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026 y declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por 30 días en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
La decisión llega después de varios días de afectaciones acumuladas en la región Caribe, especialmente en Córdoba, donde comunidades enteras han permanecido bajo el agua, mientras avanzan lentamente las ayudas humanitarias y las evaluaciones técnicas.
A diferencia de los primeros días de la crisis, el panorama climático comienza a mostrar señales de estabilización.
Las lluvias han disminuido en intensidad, el nivel del río Sinú presenta tendencia a estabilizarse y no se registran nuevos desbordamientos masivos.
El decreto firmado por el Ejecutivo es un marco habilitante. Activa las facultades previstas en el artículo 215 de la Constitución, pero no define aún las medidas concretas.
En los próximos días deberán expedirse los decretos legislativos que establecerán cómo se ejecutará la respuesta estatal: recursos, contratación, apoyos sectoriales y eventuales ajustes presupuestales.
Este paso formal ocurre en un momento institucional sensible.
Antes de la declaratoria se había solicitado ante la Corte el levantamiento de una medida cautelar relacionada con actuaciones en el territorio afectado.
Hasta ahora no se conoce pronunciamiento del alto tribunal sobre esa solicitud. La emergencia avanza mientras esa definición judicial sigue pendiente.
El Congreso será convocado una vez termine el estado de excepción para ejercer control político, y la Corte Constitucional deberá revisar la legalidad de los decretos que se expidan.
La declaratoria no resuelve por sí sola la crisis. Abre un nuevo capítulo normativo. Lo determinante será el contenido de las medidas que se adopten y la velocidad con la que lleguen a quienes todavía enfrentan las consecuencias de las inundaciones.
