El periodo de Francisco Barbosa como fiscal podría llegar a su fin el próximo 31 de julio. Esa, por lo menos, es la petición de dos estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional que demandaron la elección de Barbosa ante el Consejo de Estado, pues consideran que su nombramiento vulnera el equilibrio y la separación de poderes. Esta semana, la magistrada de la Sección Quinta Lucy Jeannette Bermúdez admitió la demanda, con lo que ahora el alto tribunal entrará a estudiar el recurso y tendrá que decidir si Barbosa debe o no abandonar la Fiscalía.
La demanda se centra en una discusión que ya parecía saldada por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional: ¿es el periodo del fiscal personal o institucional? Las altas cortes han dicho que personal, es decir, que cada fiscal puede durar los cuatro años que indica la Constitución, y que el contador vuelve a cero con cada posesión de un nuevo jefe del ente investigador. Sin embargo, dicen los estudiantes, esa interpretación va en contra de la Carta Política, que según ellos ordena que los periodos de estos altos funcionarios sean institucionales: que cuando un fiscal no pueda terminar su periodo de cuatro años, quien le siga no tendrá otros cuatro, sino que terminará el periodo de su antecesor.
La discusión no es de poca monta, porque, si el Consejo de Estado les da la razón a los estudiantes, Barbosa tendría sus días contados en la Fiscalía. Y es que, como el exfiscal Néstor Humberto Martínez se posesionó el 1° de agosto de 2016 su periodo, en teoría, terminaría el próximo 31 de julio, cuando se cumplen cuatro años. Martínez, no obstante, renunció el 15 de mayo de 2019 luego de que la JEP negara la extradición de Jesús Santrich, con lo cual su periodo quedó incompleto. Así las cosas, si el alto tribunal se casa con la interpretación de los estudiantes, Barbosa habría sido elegido para culminar el periodo de Martínez y dejaría de ser fiscal en cuestión de días.
Según se lee en la demanda, como contó El Espectador, la elección de Barbosa violaría el artículo 125 de la Constitución, en el que se lee: “quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido”. Y argumentan, por ejemplo, que “Para cargos de naturaleza electoral (como alcaldes y gobernadores), y dada la importancia política de la que gozan, los períodos deben ser siempre institucionales y no personales, so pena de perturbar el equilibrio de poderes y la armonía política que se configuran como principios fundantes de nuestra Carta”.
Además, explican que estaría en riesgo el sistema de frenos y contrapesos que creó la Constitución de 1991. “Se quiere, expresamente, evitar que unos pocos dominen el poder de un Estado, a través de la toma de cada uno de los órganos que inciden en el desenvolvimiento de un gobierno, con el fin de que no haya abusos ni arbitrariedades, sino un uso racionalizado del poder […] la Corte Constitucional ha entendido que la intencionalidad del constituyente primario fue apostar por un modelo dinámico de separación de poderes”, se lee en la demanda.
A esta discusión ya se había referido en el pasado el Consejo de Estado. En 2013, una demanda muy similar contra la elección del entonces fiscal Eduardo Montealegre, quien fue elegido luego de que saliera de la entidad la excongresista Viviane Morales, también por problemas en su elección. El alto tribunal dijo en el caso de Montealegre que ese alto cargo era personal y que, por ende, el fiscal que sea elegido por la Corte Suprema de Justicia debe estar allí durante cuatro años completos desde su posesión. En manos de la Sección Quinta está definir si se mantienen en esa interpretación, dicen que hay “cosa juzgada” y permiten que el fiscal Barbosa culmine su cuatrienio o, si por el contrario, lo hacen terminar los cuatro años de Martínez Neira.
Fuente : elespectador.com
Más noticias de Colombia y el mundo en www.zenuradio.com – Síganos en nuestras redes sociales haciendo clic aquí: Twitter, Facebook, Instagram y YouTube
