Así lo revela un repaso por la historia del país, leyes y normas que impidieron la permanencia de ciertas nacionalidades e ideologías en Colombia.
Redacción. Por medio de la compilación de diferentes medidas y acciones políticas que impuso el entonces reciente Estado colombiano entre 1886 y 1930, José Fernando Hoyos, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) explora en una investigación las posiciones que asumió el país frente a extranjeros indeseados tanto por motivos raciales, económicos y salubres como sociales.
Entre los primeros expulsados se encuentra el español Luis Ortigosa, establecido en Buenaventura y a quien se le acusó de entrar 6.000 rifles a Colombia, provenientes de Perú, para una sublevación liberal.
Al político liberal y periodista Santiago Pérez le pasó algo similar cuando, ante las sospechas de los conservadores por una convención liberal, fue señalado de ser jefe de un movimiento armado; después, el mismo Pérez habría organizado una campaña periodística contra el régimen conservador. Entonces se le ordenó irse del país, algo que también ocurrió con los extranjeros que lo apoyaban.
En el rechazo a ciertos inmigrantes, no todas las razones eran políticas; algunas eran económicas y racistas. Es así como a finales de siglo XIX, cuando el país quería impedir que chinos, indios y africanos entraran al territorio colombiano, se les prohibió a las constructoras de las líneas férreas que contrataran chinos en cualquier trabajo, bajo la Ley 62 del 24 de abril de 1887. Sin embargo después, ante la escasez de mano de obra barata, se flexibilizó la norma.
El Decreto 1258 del 17 de noviembre de 1908 podría ser uno de los más extraños leído hoy, pues literalmente sentenciaba que no eran bienvenidos “locos, idiotas, imbéciles, ciegos o sordomudos, vagabundos, imposibilitados para el trabajo por enfermedad o mala condición física o que tengan más de sesenta años”. Para ello debían presentar un certificado de sanidad ante el Ministerio de Obras.
De igual forma, si un extranjero era descubierto como promotor de huelga o relacionado con algún movimiento similar, se le consideraba como “extranjero pernicioso”.
Durante el gobierno de Pedro Nel Ospina las decisiones se tornaron mucho más radicales y el enfoque de la política migratoria ya no apuntaba solo a evitar personalidades que pudieran alterar el orden público, sino que el crecimiento de un país se asociaba con las costumbres que veía óptimas para su desarrollo cultural y económico.
Así, también se ve que había una intención por mejorar los genes de la población, es decir que eran bienvenidos quienes aportaran a un crecimiento moral y material, sostiene el investigador.
Fue así como nació la Ley 114 del 30 de diciembre de 1922, cuyo primer artículo dicta que se “fomentará la inmigración de individuos y de familias que por sus condiciones personales y raciales no puedan o no deban ser motivo de precauciones respecto del orden social”.
La investigación deja varios datos curiosos: la preocupación de un gobernador de Santander por la llegada de 3.000 jamaiquinos que iban a trabajar en petroleras; los nombres de los expulsados por la ley 145 de 1888, entre los que se destacan el inglés Alexander McKeon por espionaje, y el alemán Guillermo Müller por política; dos venezolanos expulsados por “viciosos” por la Ley 48 de 1920 y un grupo de mujeres francesas expulsadas por la Ley 103 de 1927, tildadas de “perniciosas”.
Fuente: Agencia Unal
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