A Propósito de … La impunidad en la justicia

Haciendo historia, el general Rafael Uribe Uribe murió hace un poco más de 100 años, luego del ataque del que fue víctima y aún no se sabe a ciencia cierta quién o quienes fueron los autores intelectuales.

Álvaro Gómez Hurtado en algún momento, pero como siempre, no me canso de repetir, que su pensamiento aún perdura y mantiene vigencia expresó :”La sociedad necesita ver y comprobar que los delitos no quede impunes, que las investigaciones se realicen en un ámbito de equidad y dentro de una manifiesta eficacia de los sistemas investigativos. Cuando la justicia no es capaz de condenar, tampoco es capaz de absolver…”.

Suena paradójico que esas palabras las pronunció un hombre que fue vilmente asesinado hace 25 años y que su muerte sigue en la impunidad.

Hoy por hoy que existen muchos recursos y una profesionalización del sistema penal y sus órganos investigativos llama poderosamente la atención que se sigan tejiendo hipótesis sobre los autores de ese magnicidio de hace 25 años que pareciera haber sido por causa del “régimen”.

En abril de ese año fatídico, Álvaro Gómez Hurtado, en el Centro de Estudios Colombianos estableció que “el enemigo de Colombia es el régimen y que la política se ensució, cuando cayó bajo el dominio del clientelismo y que esa era forma de dominio que ha tenido el régimen imperante para poder doblegar la opinión pública…”.

Entonces, ¿es creíble que 25 años después la FARC haya reconocido haber asesinado al líder conservador? Y que los detalles de su muerte los darán ante la JEP.

Tampoco es creíble que el detonante fue un discurso de Álvaro Gómez en el congreso, que llevó al gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1966) a bombardear a las que Gómez llamó “repúblicas independientes”, lo cual, según el senador Gallo de las FARC “fue el detonante (de) una guerra de 50 años con cientos de miles de muertos y torturados de todos los bandos”.

Siendo el asesinato en el año 1995 y el gobierno de Valencia terminó en el año 1966, se podría pensar que los efectos del detonante duró más de 30 años para ordenar la muerte de una persona pública que además estuvo secuestrado por el M-19 congéneres de las FARC.

Se necesitaría mucha explicación coherente para demostrar que los cuerpos de investigación del Estado y algunos particulares contratados por la familia del líder inmolado, estuvieron en direcciones distintas y que la línea de investigación estaba errada.

Tampoco es creíble “el silencio” de la FARC durante tanto años, nada les impedía atribuirse ese asesinato, no le afectaba por demás, otra sindicación o sentencia. Ellos duraron todo ese tiempo delinquiendo y la justicia imponiendo sentencias condenatorias.

Ahora, después de un proceso con un gobierno afecto al “régimen” de antaño, que garantiza la impunidad, pareciera que estuvieran “pagando” un favor al aceptar con fundamentos baladíes ese magnicidio, a sabiendas que en nada les afectaría dada las circunstancias procesales previamente pactadas.

Nota al margen: A quien beneficia la confesión de las FARC ante la JEP, a sabiendas que no va existir ningún tipo de sanción.

Bonis nocet qui malis parcet. Perjudica a los buenos quien beneficia a los malos (Lucio Anneo Séneca.)

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