Colombia tuvo fuertes cambios a nivel político y socioeconómico con la implementación de la constitución de 1991 que reemplazó la constitución estatocéntrica de 1886.
Hace 20 años, nació la Constitución Política de 1991, envuelta en el solemne manto multipartidista y en una consigna que estipulaba el auge de la soberanía popular y la importancia de los derechos civiles y los derechos socioeconómicos y políticos dentro del aura de una democracia justa, trazando un hito trascendental en la historia colombiana.
Ahora, es necesario recordar las difíciles y cruentas circunstancias en las que dicha Carta Magna, creada por una asamblea nacional constituyente para el pueblo y por el pueblo surgió, y derivar de ellas su valioso significado desde el punto de vista socio -jurídico.
Para empezar, retomaremos un poco a la historia de Colombia antes de la constitución de 1991, de manera sintetizada. La constitución del 1886 tenía en su centro al Estado por encima de la persona, quiere decir que en esta carta se hallaba primero la nación y su territorio y en el título III los derechos civiles y garantías sociales.
El Estado era, según este modelo, el intocable o “el mandamás” en atención a que, primero era el Estado y después el hombre, por manera que se presentaba un conflicto entre la persona y el Estado, se resolvía el pleito a favor de los intereses del Estado.
Nuestro país no siempre la tuvo fácil con respecto a las garantías institucionales para cumplir los fines esenciales de la carga magna ya que a finales de la década de los 80, convergieron tres elementos para configurar una situación de crisis.
En primer lugar, la crisis del llamado régimen frentenacionalista, que se venía gestando desde los años 70, con efectos negativos como la exacerbación del clientelismo, la falta de representatividad de los partidos y su fragmentación.
En segundo lugar, fue evidente el deterioro del orden público, debido al aumento de la delincuencia común, la violencia de los grupos armados ilegales y, sobre todo, desde mediados de los 80, a las mafias del narcotráfico, que le declararon la guerra al Estado colombiano para impedir su extradición a Estados Unidos.
Y, en tercer lugar, la tendencia de la estructura económica colombiana a generar agudas desigualdades en la distribución del ingreso y altos niveles de pobreza que provocaron levantamiento en armas y opresiones en muchas familias menos favorecidas.
Para colmo, a finales de los años 80’s, dichos factores se habían encadenado para producir el incremento de la violencia y la desestabilización política, cuyo catalizador fue la violencia ejercida por los narcotraficantes que cobró entre sus víctimas a jueces, policías, altos funcionarios públicos, y ciudadanos comunes.
Frente a la gran desigualdad social e injusticias estatales, un grupo de estudiantes universitarios, cansados de los vacíos de la constitución del 86 e interpretando el sentir de la sociedad colombiana, lideró un movimiento para reformar el régimen político.
Esto condujo, durante el gobierno de César Gaviria, a la elección de una Asamblea Constituyente, en diciembre del año 1990.
A la luz de estas nefastas circunstancias, surge el significado de la Constitución del 91: la búsqueda y reconocimiento de la paz, la ampliación de la democracia, la tripartición del poder público, la prevalencia de los derechos políticos, económicos y sociales de los ciudadanos, el fortalecimiento y relegitimación del Estado y del régimen político, y la búsqueda de una mayor equidad y justicia social.
De tal forma que la Constituyente del 91 fue la oportunidad para que estos grupos ilegales abandonaran la lucha armada, a condición de participar, de manera activa, en la transformación de la sociedad por cauces institucionales y en pro de los derechos civiles y políticos que en aquel entonces estaban obsoletos.
En lo ateniente de la Asamblea Constituyente como escenario de paz con los narcotraficantes, hay que recordar que estos enfrentaron al Estado colombiano con múltiples estrategias: el asesinato de grandes figuras políticas y líderes sociales del país, la utilización del terror contra la sociedad civil, y la guerra directa contra el Estado, bajo la premisa “preferimos una tumba en Colombia y no una celda en los Estados Unidos”.
Así las cosas, la Constitución del 1991 cambió el estado estatocéntrico ha estado antropocéntrico en el que el hombre pasó a ser el centro del Estado y quedó situado a la soberanía popular por encima de la Nacional.
Se establecieron, además, los derechos fundamentales, los derechos socioeconómicos y una serie de mecanismos judiciales e instituciones para su exigencia, tales como la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la acción de tutela y las acciones populares.
Estos mecanismos han sido considerados por los colombianos como realmente eficaces para la exigencia de sus derechos frente al Estado y la administración pública. Por ello, las decisiones judiciales y jurisprudenciales en este terreno han generado las mayores controversias jurídicas, políticas y económicas que se hayan dado en Colombia. Debido a sus decisiones, la Corte Constitucional se convirtió en el símbolo de la búsqueda de la justicia social y por eso ha cumplido un papel fundamental en la relegitimación del Estado colombiano.
Cabe mencionar como dato interesante que la Asamblea Constituyente les revocó el mandato a los congresistas de ese entonces, claro que dicha decisión tuvo un efecto más simbólico que real, pero que demostró los deseos de las nuevas fuerzas sociales y políticas representadas en la Asamblea de remozar el régimen político.
Para ello, la Constituyente estableció instituciones y mecanismos para ampliar la representación política de las minorías y de las fuerzas distintas del bipartidismo tradicional, para reducir el clientelismo y tratar de reducir la corrupción y para aumentar el control ciudadano sobre la actividad del Estado.
En conclusión, nuestro país, con todos sus efectos y controversias que giran en torno a la corrupción y a ciertos vacíos normativos que aún falta enmendar, tuvo significativos cambios con la constitución del 1991.
Dichos cambios han ayudado a muchas personas a salvaguardar sus derechos fundamentales cuando estos se vean amenazados o vulnerados por entidades públicas o particulares que ejerzan funciones públicas, en razón, mediante acciones de control constitucional como la acción de tutela, entre otras acciones en las que se le confiere al hombre absoluta preferencia frente a las acciones u omisiones del estado que vulneren dichos derechos fundamentales.
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