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Mal ‘Tratados’ del Libre Comercio

Un 22 de febrero de 1990, cobró vida una estrategia económica y financiera que llevaría al país hacia la globalización la tan mencionada «apertura económica», un concepto que tenía como base fundamenta la disminución los obstáculos al intercambio de bienes, servicios y capitales entre distintos países, fomentar la libre competencia y facilitando la entrada de competidores extranjeros con la utopía universal de incentivar el ingreso de talento humano y patrimonio desde el exterior.

Entre las características de más relevancia y de un daño desproporcional a la economía colombiana están la reducción  o eliminación de aquellos subsidios o ayudas que buscaban proteger a la industria nacional.

El estado no intervendría en la competencia entre productos nacionales y extranjeros, es decir crear un ambiente absolutamente de confianza y proteccionista para los extranjeros y en total detrimento de las industrias y los productos colombianos.

Este tipo de condiciones jamás fueron discutidas en el campo colombiano y con la pequeña y mediana empresa. Se realizó como normalmente lo hacen: usando los eufemismos y la distracción mediática, proporcionándole al consumidor final una verdad a medias sobre los precios de los productos.

Esa apertura económica que transmutó y dio como resultado la firma algareada de ‘tratados de libre comercio’. Eso es lo que nos tiene a nosotros hoy en día escuchar en la carreta que pregona: «llevo la papa, 5 libras en dos mil pesos». Los tratados nos trajeron bolsas de papas  precocidas con empaque moderno en almacenes extranjeros a precios ínfimos.

Los productores de este tubérculo están entubados y se asemejan a los pacientes críticos de Covid-19  sin vacuna a la vista. No existe forma posible de competir con productos que entran al país, subsidiados en ocasiones de un 50%, mientras internamente el campesinado colombiano se las arregla, como puede, y pierden las cosechas, por diferentes razones.

Cuando le solicitan ayuda a los gobiernos hablan de ablandar el acceso a los  préstamos admitiendo con ello la dificultad del trámite en un país como el nuestro donde la banca tiene filosofía inversa.

Es decir le prestan a quien tiene plata, y cuando por fin se creó un programa de Agro-Ingreso, que por cierto era seguro en un gobierno que tenía la obligación moral luego de haber sido promotor de los tratados y la confianza inversionista, este término de manera segura  en los bolsillos de ex reinas, cantantes y las novias y novios de los mismos.

La proliferación de mini mercados a lo largo y ancho del país es descomunal, con la amenaza de acabar con las tiendas de barrio que ya es un tema cultural, ojalá algún día podamos ver construir hospitales y escuelas a esa velocidad.

Por cuenta de esos mal tratados de libre comercio el país, cada año, se aproxima a una catástrofe campesina y es que desde afuera no nos llega solamente papa, también carne, pescado, pasando por lácteos, quesos, legumbres y hortalizas, hasta café.

Para la próxima reforma tributaria, cuyo argumento es el mismo, se le dirá al país la importancia de más recaudo de impuestos, nos gustaría que nos dieran las cifras de cuánto se dejó de recaudar por aranceles a la importación de productos alimenticios provenientes de otros países, pero además producidos en este país.

Es que algunas cosas aún los colombianos no comprendemos, por ejemplo, la fórmula matemática de los intereses del Icetex, no hay Albert Einstein que se le mida a dar con ella.

Esta entidad, que pareciera ya estar en competencia con la banca privada o ¿cómo es que en Córdoba, siendo la capital ganadera, contamos con la carne más cara? Lo que sí está claro es que el campesinado colombiano ha sido maltratado por décadas, y  en los últimos años la política de libre comercio llegó a ratificar ese hecho  llevándolos a una de las más grandes crisis.

En tiempos de pandemia, donde más se necesita el abastecimiento y Córdoba no es la excepción, toneladas de maíz ñame y plátano  están represadas porque las condiciones de mercado no son las más favorables y desde el gobierno se emplea una campaña, en medios, para incentivar la compra y el consumo del producto nacional, cuando lo que se debió hacer era socializar con el campesinado las condiciones de los productos a ingresar, considerar las reglas mínimas de competencias.

Aún así hay por allí empresarios costeños  que nos meten un gol ‘olímpico’ comprando bultos de papa a $10.000 para luego vender el kilo a $ 5.000. La fresa del pastel es que ya la misma Procuraduría pidió al Ministerio de Agricultura la construcción de una Política Pública para la población campesina concertada y planeada con los líderes del gremio, hecho que se convierte en la aceptación irrefutable de que el gremio se encuentra acéfalo de la protección del Estado, a través políticas públicas, este hecho refirma que por cuenta de los tratados de libre comercio el campo colombiano, productor de la canasta básica, se encuentra maltratado.


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