Uno de los temas que más ha causado revuelo y controversia en estas últimas semanas es la famosa reforma tributaria que se quiere implementar en aras de, aparentemente, financiar a la clase más necesitada, habiendo otros mecanismos eficaces que no afecten el bolsillo de los contribuyentes como la disminución del salario de congresistas, inversión social a microempresarios, reducir los costos de la guerra, entre otros mecanismos restauradores.
Son muchas las opiniones y contradicciones que ha generado dicha reforma y hay quienes la ven como trilladas cortinas de humo para tapar el hueco fiscal que se ha dejado en el país producto de las grandes donaciones a empresas como Avianca, la Casa Editorial El Tiempo, el Hotel Estelar y la Concesionaria Vial Andina, Coviandina, propiedades del magnate Luis Carlos Sarmiento Ángulo.
Todas estas empresas recibieron subsidio del gobierno, sumando en su totalidad la cifra de cinco billones de pesos en menos de siete meses.
También obtuvieron el beneficio las compañías de Alejandro Santo Domingo heredero de un grupo empresarial que cuenta con importantes compañías en medios de comunicación, en el sector de comercio y turismo, y que también aparece en el ranking de los hombres con más dinero el país, y las empresas de la familia Echavarría, una de los conglomerados más importantes de Antioquia para sus empresas Almacenes Corona y para Sodimac -Homecenter y Falabella Colombia en donde tienen participación accionaria, por lo que podemos deducir que solo los más adinerados de Colombia pudieron verse realmente beneficiados por la mano amiga del Gobierno durante la crisis económica surgida por la pandemia.
En este orden de ideas, era de esperarse que la discusión de la reforma fiscal fuera dura, más aun teniendo en cuenta que el país está en un año preelectoral, pero lo que intriga un poco es el rechazo que ha causado en varios de sus pilares, incluso por parte de los más fervientes seguidores del Gobierno.
Esto también es de esperarse si tenemos en cuenta que los grandes capitales a nombre de: “crecimiento económico, generación de empleo y confianza inversionista” los excluyen de impuestos acordes a su capacidad económica mientras pagan salarios escuetos y son cada vez más ricos.
Ahora, si nos vamos por el tema de los estragos económicos, sanitarios y sociales ocasionados por los efectos de la pandemia, podemos observar, si analizamos detenidamente, que están agrandando el alcance que tiene esta enfermedad e incluso hay medios que la hacen ver como la patología más letal del mundo opacando el grado de peligrosidad de otras enfermedades que han existido desde hace siglos y que seguirán existiendo.
Se le ha dado excesiva propaganda de terrorismo al Covid-19 para cosas que le conviene al gobierno, como para centrarnos en la nueva cepa británica y olvidarnos de las discusiones que giran en torno a la reforma tributaria.
En efecto, enfocándome en forma resumida sobre la mortandad del Covid19 diré que: igual que el Dengue, la Fiebre amarilla o el Ebola, las personas morían y seguirán muriendo cumpliendo con el ciclo de la vida, claro que su fenecimiento se acelera si no se cuidan. Todo está en el autocuidado personal. El que no cuida su integridad personal tiene todas las de perder se encuentre o no en casa.
Por otro lado, pienso que el gobierno debe buscar otras alternativas para apoyar a los más vulnerables y a la clase media que no sea el confinamiento o sustraerle del bolsillo injustamente, mientras está en pie la vacunación masiva, porque está claro que el virus no se ira tan fácilmente.
Lo que mejor podemos hacer como ciudadanos es seguir adelante, siguiendo de forma correcta y retirada los protocolos de bioseguridad establecidos, sin bajar la guardia, pero tampoco aterrorizarnos en razón a que en el mundo, estadísticamente, han existido peores enfermedades que han acabado con la vida de millones de almas (por ejemplo la peste negra).
Es pertinente mencionar que lo que preocupa más al Ministerio de Hacienda es que la reforma, que ni siquiera ha sido radicada aún en el Congreso y cuyo articulado no se conoce en su totalidad por el pueblo colombiano, ya ha sido rechazada por una gran parte de los sectores políticos e incluso algunos económicos.
Una de las voces en contra que encontró la reforma vino por parte de referentes del Centro Democrático, partido de Gobierno, quienes se oponen a los cambios planteados en el IVA de los alimentos, pues algunos pasarían de tener una tasa del 5 % al 19 %.
El expresidente Álvaro Uribe, líder natural del partido, fue uno de los primeros en lanzar sus críticas e inconformidad a través de su cuenta de Twitter. El mentor del primer mandatario volvió a insistir en que la reforma debe ser moderada y consensuada con las mayorías.
Siendo más enfáticos en lo anterior, Uribe considera que antes de aumentar los impuestos se debe recortar el aparato estatal. Por eso, aprovechó nuevamente para formular la idea de reducir el Congreso de la República y reformar la Justicia especial para la paz.
Por otra parte, la senadora Paloma Valencia también tuvo objeciones. Para la congresista, es fundamental que se congele el aumento de los salarios, que se reduzca el aparato estatal, que se les imponga un impuesto solidario a todos los salarios altos de los servidores públicos, que se eliminen varios puestos de trabajo de contratistas y que se quiten los gastos innecesarios. Propuesta está que guarda mucho más conexidad con los fines esenciales del Estado social de Derecho.
Las voces de reproche y censura con respecto a la reforma no paran ya que el representante Gabriel Santos, quien desde hace varios meses se ha desmarcado de algunas de las posturas de su partido, también se refirió al tema, sobre todo teniendo en cuenta que fue uno de los primeros en proponer un recorte de gastos, por ejemplo, terminando con las consejerías. Expreso el representante entre otras cosas: “El Gobierno prefiere poner a los colombianos más pobres a pagar más caro el café y el chocolate, que acabar con la burocracia injustificada de sus altas consejerías”.
Fue tal el impacto y la polémica que se ha generado, que el presidente de la República, Iván Duque, no tuvo más remedio que ordenarle el miércoles pasado al Ministerio de Hacienda que no se amplíe al 19 % el IVA de distintos productos de la canasta familiar como el café, la sal o el azúcar, ordenación que a mi punto de vista no se ve muy generosa.
En mi opinión, compaginado con la mayoría de colombianos indignados, el Gobierno quiere vencer a la clase media con una reforma tributaria disfrazada de buenas intenciones, invocando la solidaridad de todos, desconociendo que no todos tienen las mismas condiciones para aportar a un Estado que ha derrochado fondos para las empresas más adineradas.
Otra noción en lo que la mayoría indiscutiblemente estamos de acuerdo, independientemente si se es de izquierda o derecha, es que, con la disfrazada ley de solidaridad sostenible, nos queda un sinsabor en el buen obrar de la máxima administración hacia la clase media, porque se quiere gravar productos básicos similares al carácter indispensable del chocolate, café, sal, harina de maíz y azúcar, que son consumidos a diario por las familias colombianas, lo cual afectaría directamente a los sectores más pobres y vulnerables del país.
Tampoco es óbice conforme a derecho que se cobren impuestos a la renta de personas naturales ni se afecte a los pensionados que durante tantos años, con esfuerzo y paciencia, ahorraron para tener una vejez digna y en paz.
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