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Estado fallido

En atención a los recientes sucesos de violencia, desmanes, bloqueos y desordenes (sin desmeritar la mayoría de protestas que han sido pacíficas) que han sobrevenido en nuestro país, es válido hablar un poco sobre el concepto de ESTADO FALLIDO y sobre lo que esta definición representa a nivel práctico para deducir a juicio individual si repercute o no, o si aplica en ciertas instancias y regiones con ocasión a lo  que está pasando en Colombia.

El concepto de Estado Fallido surgió en los años noventa y está ligado al contexto de ese momento, cuando, tras la caída de la URSS, (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ) Estados Unidos empezó a apoyar política y económicamente a países en profunda crisis institucional.

Hablar de Estados fallidos siempre ha sido un tema que termina en polémica  porque, según algunas interpretaciones, implica discriminar a ciertos países, como Somalia o la República Democrática del Congo, frente a otros países supuestamente exitosos o megadesarrollados.

Mientras la escuela de Derecho debatía sobre ello, el término se ha normalizado aplicándose netamente en política, ciencias sociales y medios de comunicación, aun todavía  sin una definición claramente asentada.

Los Estados fallidos tienen una singular característica: la anarquía del pueblo frente a las autoridades estatales. Se caracterizan principalmente por su incapacidad para controlar el territorio, su falta de autoridad o su pérdida de presencia ante la comunidad internacional.

También incluye dentro del círculo de aspectos el hecho de que un Estado haya tenido pérdida del monopolio en el uso legítimo de la fuerza, la erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones y la incapacidad para suministrar servicios básicos a sus pobladores.

Son características tan amplias que pueden aplicarse a países con rasgos y situaciones muy distintas. Dos Estados que hasta el momento se han calificado como fallidos son Venezuela y Haití, que sufren crisis políticas, económicas y humanitarias. También Yemen, devastado por la guerra; Sudán del Sur, independiente desde 2011 y que apenas ha empezado a desarrollar sus instituciones; o Somalia, lastrado por el terrorismo y el desgobierno.

Como el término es tan amplio y problemático, han surgido alternativas como Estado «débil» o «frágil», que matizan según la situación económica, de gobernanza, humanitaria o de seguridad del país. Además, el uso del concepto ha ido acompañado de índices que evalúan distintas características del funcionamiento de los Estados, como el índice de Estados frágiles —renombrado del original «fallidos» en 2013 (foro económico mundial).

En sentido genérico, un Estado fallido, según estándares de gobernanza, se le  considera un fracaso social, político, y económico, destacándose por tener un gobierno tan débil o infructuoso, que tiene poco control sobre vastas regiones de su territorio, no provee ni puede proveer servicios básicos, presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad tanto de parte de sus pobladores como de los agentes estatales; presenta refugiados y desplazados producto de la violencia generada por organizaciones criminales, así como una marcada degradación económica fruto de un devastado hueco fiscal y despilfarro del erario público. ​

Sin embargo, el grado de control gubernamental que se necesita, para que un Estado no se considere como fallido, presenta fuertes variaciones. ​ Más notable aún, el concepto mismo de Estado fallido es controvertido, sobre todo, cuando se emplea mediante un argumento de autoridad, y puede tener notables repercusiones geopolíticas.

Del anterior postulado, surge la pregunta, si a Colombia se le podría considerar actualmente un Estado Fallido, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que giran en torno a las protestas, unas más que otras pacifican, pero que terminan siendo objeto de enfrentamientos en algunas ciudades, entre la población civil y la fuerza pública hasta el punto que ha acabado con la vida de 27 personas en el marco de las protestas y más de 540 reportes de presuntos desaparecidos.

Lo más intrigante es que se han divisado videos en los que se ve claramente a uniformados de la fuerza pública destrozando locales e iniciando las trifulcas, por lo que es menester de los órganos judiciales competentes abrir las investigaciones pertinentes y dar con la individualización y localización de estos agentes, suponiendo que no sean claro, civiles con vestimenta de la institución policiaca.

En todo caso es imperativa la apertura de tales investigaciones penales  para el esclarecimiento de los hechos y hallar a los responsables de la destrucción de bienes y demás daños antijurídicos.

Sin embargo, cabe aclarar que no todo ha sido enfrentamiento violento entre la institución policiva y la población manifestante ya que se han hecho virales videos en donde la Policía no solo apoya y marcha junto con los querellantes sino que también comparten emotivos momentos de baile y hasta amistosos partidos de futbol, por lo que sería un error generalizar y señalar que todo el que marcha es vándalo o que todo el que uniformado es corrupto, cuando la realidad es que cada persona, uniformada o no, marca la diferencia de conformidad con los valores que le hayan sido inculcados en su hogar.

Ahora bien, siguiendo con el hilo de esta columna, es necesario decir que las herramientas constitucionales se deben usar cuando el orden público, entendiéndose como los disturbios y violencia a personas y bienes de uso público y privado,  no se ha podido mantener por ningún medio.

En este caso, ese orden correspondería efectivamente a la Institución policiva, tal como lo demanda el código de Policía, sin embargo, para el agotamiento de dichas herramientas se deben precisar otros medios alternativos y eficaces como la conciliación de ambas partes, tanto del comité organizador del paro y demás líderes sociales gestores del paro, como del primer mandatario junto a sus miembros del  gabinete, en aras a escuchar al pueblo y cumplirle con los acuerdos que se hayan ratificado y pactado.

De esta forma es que se han resuelto infinidades de conflictos, dialogando, escuchando a la contraparte hasta llegar a una fórmula de arreglo. Como dijo una vez Mahatma Gandhi: “No hay camino para la paz, la paz es el camino”.


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