Toda una polémica e indignación se ha generado en estos últimos días tras observar las vanidosas fotografías que compartió el joven empresario que, en semanas pasadas, disparó inescrupulosamente a los manifestantes en la Ciudad de Cali, nada más y nada menos que el empresario Andrés Escobar, quien ahora se encuentra disfrutando de unas vacaciones “con todas las de la ley”, en un lujoso yate en la playa como si la justicia, en lugar de actuar dentro del marco procedimental de la ley 599 del 2000 y demás disposiciones complementarias del sistema penal acusatorio, lo haya premiado dejándole las puertas abiertas a los desmesurados viajes y otras libertades rimbombantes sin inmutarse por su mal accionar.
Por obvias razones, el empresario caleño ya había despertado la cólera de la ciudadanía luego de que se divulgara un vídeo en el que se le ve disparando a los manifestantes, aunque posteriormente afirmó que se trataba de un arma traumática, no letal, afirmación esta que fue desmentida por aportes testimoniales de los usuarios en las redes sociales quienes alegaban que eran balas de verdad.
Según lo narrado por el empresario, “Estaban avanzando y había un policía ondeando una bandera blanca en símbolo de paz para tratar de alivianar los ánimos, pero no sirvió, ellos siguieran avanzando se sintió pánico y peligro extremo, que es cuando tomó la decisión de hacer unos disparos de disuasión al aire con mi arma traumática, no letal”.
Esta declaración no guarda cohesión con lo planteado por usuarios en la red social twitter quienes afirmaron que no se trataba de un arma traumática, sino de una que causa daño letal. Arma traumática o no traumática, debía abrirse una investigación penal a fondo para esclarecer los confusos hechos que dieron pie a las infamias cometidas hacia los marchantes, en lugar de inexplicablemente archivarse la investigación contra el mentado sujeto.
Se sabe que ante el hecho, la Fiscalía lo citó a declarar en indagatoria. Escobar admitió el hecho, al mismo tiempo que se justificó en la legítima defensa. El ente acusador debía determinar si cabía la imputación de cargos delictivos. Sin embargo, no ha proferido ninguna determinación de imputación al respecto.
Luego de dos meses del hecho, Escobar publicó unas fotos de sus vacaciones en la playa, lo que reafirma que hasta el momento las autoridades no han procedido a ejecutar la justicia conforme a lo dispuesto en el Código de procedimiento penal frente a la gravedad de sus actuaciones, muy a pesar de las declaraciones de varios testigos.
Las imágenes del empresario han generado toda clase de críticas e indignaciones en las redes sociales y no es para menos considerando que no se le aplico ni una sola investigación penal luego de su declaración y admisión de los hechos objeto de la indagatoria a sabiendas de que existía plena certeza de que este señor había accionado públicamente su arma en contra de los manifestantes.
Subleva a todas luces el hecho de que no se administre con eficacia la justicia en un Estado social de Derecho y se pase por encima de la normatividad cuando se tiene suficiente pecunio como para comprar a determinado cuerpo colegiado.
Esa es la dura realidad: Así funciona la justicia en nuestra amada y paradójica Colombia con las llamadas “personas de bien”. Todos vimos en video y fotos subidas a las redes a Andrés Escobar con un arma de fuego apuntando en contra de civiles en Cali, incluso ese día murieron 13 personas y no existe ninguna investigación por parte de la Fiscalía, y él desde sus redes puede publicar de la forma más relajada posible el post: “agradecer por lo aprendido”.
Así como el caso del empresario impune, también hay muchos casos de violaciones a D.D.H.H. que han quedado en el aire puesto que no hay una investigación efectiva frente a conductas punibles dentro del marco de las manifestaciones, como abusos sexuales de la fuerza pública a jóvenes marchantes, desapariciones misteriosas, exceso del uso de la fuerza por parte del SMAD, el vandalismo, destrucción de obras públicas, ataques injustificados a la fuerza a las autoridades policiales, entre otras infracciones graves a los Derechos humanos, evidenciándose con esto la carente justicia con la que se cuenta en este país.
Está Justicia Colombiana, dirán algunos radicales, solo genera risa, como el peculiar caso del señor Andrés Escobar quien, como ya se dijo, salió a disparar arbitrariamente a los civiles sin tener rango militar y sin estar autorizado por autoridad judicial competente, arremetiendo vilmente contra opositores y gestores de las marchas en la Ciudad de Cali y actualmente se encuentra disfrutando de unas ostentosas vacaciones en yate, como si se lo tuviera bien merecido. En cambio, en el caso de los que procedieron con ánimo de retaliación a pincharle una llanta a un SITP los van a judicializar por los presuntos delitos de secuestro y terrorismo. Aquí vemos que el grado de injusticia abunda en estos tiempos de crisis. Más bien diríamos que hay una justicia convenientemente preferencial, por no usar otro termino menos sutil.
