Opinión. Por Jesús Fernández, abogado.
Sin duda alguna uno de los problemas socio-jurídicos que más afecta a nuestro país dentro del marco de los derechos humanos, es el tema del reclutamiento masivo forzado de menores por parte de grupos armados ilegales como son las FARC, ELN, clanes del golfo, entre otros grupos subversivos. El propósito de esta columna es el de entender y tratar de buscar la forma de disminuir los factores de riesgo que propician las dinámicas de reclutamiento y utilización de menores para fines ilícitos.
Es un hecho que la pandemia dejó al descubierto las difíciles condiciones estructurales que siguen latentes en distintos territorios del país. Sin embargo, existen oportunidades reales en el corto plazo como son los planes de desarrollo Nacional, subsidios solidarios, planes de seguridad y convivencia, departamento para la prosperidad social, entre otras corporaciones gubernamentales y las mismas Hojas de Ruta para implementar los Planes de desarrollo social, que permitirán priorizar esta problemática con acciones, metas y presupuesto real para ver cambios tangibles en zonas de alto riesgo.
Con el aparente desarme (parcial, más no absoluto) de las FARC y la implementación del Acuerdo de Paz promovida en la presidencia de Juan Manuel Santos, existía cierta expectativa de que el reclutamiento de niños y niñas iría disminuyendo en las zonas donde la antigua guerrilla tenía influencia. Paradójicamente el efecto parece ser el contrario ya que se ha intensificado el reclutamiento forzado de niños que habitan zonas rurales y montañosas vulnerables. Aunque en el fondo es un fenómeno que ha persistido en el tiempo, el seguimiento regional realizado por la Fuerzas Armadas de Colombia, así como lo señalado por distintas organizaciones, vulnerando de forma radical los tratados del Derecho internacional Humanitario y demás postulados que amparan a la población vulnerable.
De manera concreta se desconoce con exactitud cuántos niños hacen o han hecho parte de los grupos armados ilegales. Las autoridades responsables del tema advierten sobre la dificultad de hacer un seguimiento ceñido de los casos en razón a la falta de denuncia, por lo que resulta imposible contar con datos actualizados que permitan realizar investigación detallada frente a estos punibles. A esto se suma que la política pública sobre prevención de reclutamiento y utilización no es priorizada, generalmente, en las agendas nacionales y locales de los mandatarios.
Así las cosas, cabe decir que el reclutamiento de menores por grupos al margen de la ley en Colombia es una de las prácticas más nocivas y crueles que cometen los grupos ilegales alzados en armas en el marco del conflicto armado. En el desarrollo de los conflictos armados se afectan los derechos de niñas y niños de manera psicológica y formativa, trayendo como consecuencia un riesgo a su vida y destruyendo sus libertades obstaculizando el desarrollo normal de su infancia. Cuando a niños, niñas y adolescentes se les sustrae del desarrollo normal de su infancia y son sumergidos en el conflicto armado, se convierten en actores principales del combate dejando nula la protección especial que les brinda el Derecho Internacional Humanitario. Este fenómeno destruye una estructura de valores y principios del menor, estos, siendo remplazados por una educación enfocada al odio, donde la violencia es la respuesta a los problemas sociales y personales del individuo.
Esto trae como derivación que la sociedad se encuentra frente a personas incapaces de resolver eficazmente los conflictos habituales de manera racional, que recurrirá a los antivalores aprendidos en el conflicto armado creyendo que la violencia es la única manera eficaz para dar solución a sus problemas. En Colombia, los derechos de los menores tienen una mayor prevalencia en la Constitución política, ya que, en ésta se consigna el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes como base y criterio interpretativo para las decisiones que los afecten. Cuando no se cumple con este principio constitucional podría exponerse a los menores al delito de reclutamiento armado y su estado pasa hacer el de víctima.
El Estado colombiano a través de sus instituciones jurídicas y sociales tiene el deber de otorgar protección a las víctimas del conflicto armado, en especial a los menores de edad que estuvieren involucrados de manera directa o indirecta. Para esto tiene que velar a cabalidad por el restablecimiento de los derechos de los menores que fueron sustraídos por los distintos actores de la guerra, permitiendo así su reintegración a la sociedad. Esta reintegración tiene que ser de manera digna, por lo tanto, no se puede limitar a una reparación de carácter económico, además, debe tener como resultado el devolver a los menores víctimas los derechos que perdieron, logrando una reinserción social a la comunidad. A pesar de los principios garantistas que se encuentran en la Constitución y la reiterada jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, herramientas con las que cuenta el Estado colombiano para la protección y reparación de las víctimas, su aplicación se ve opacada por la falta de eficacia y la mala implementación de estos por los organismos del Estado. Por ello, el llamado es a tomar acción inmediata frente a estos hechos delictivos que causan conmoción y tristeza a muchas familias vulnerables.
Otro factor preponderante inherente a este tipo de crímenes son la indiferencia y el olvido toda vez que son uno de los principales problemas sociales que atacan tanto a víctimas del conflicto como a la población civil generando una insensibilidad moral que endurece y vuelve aún más difícil la vida de las personas que han sido afectadas por este flagelo. Por eso vuelvo y digo que el reclutamiento y utilización de niños, niñas y jóvenes por parte de grupos ilegales alzados en armas es uno de los crímenes más frecuentes en medio de los conflictos armados, cuya ilícita operación no se ha reducido a pesar esperarse de acuerdo a los acuerdos de paz implementados.
Por lo anterior, es importante reforzar las redes de protección. Es importante robustecer las capacidades de la institucionalidad local y la de las organizaciones e iniciativas comunitarias que desarrollen acciones para prevenir la vinculación de niños y niñas a estructuras armadas ilegales. Generar y fortalecer espacios donde las comunidades, las familias y la institucionalidad puedan trabajar de manera unánime.
También es necesario, coadyuvar esfuerzos para, valga la redundancia, fortalecer la colaboración de actores formales e informales para prevenir el reclutamiento forzado. Los niños, niñas y adolescentes, sus familias, sus comunidades y aquellos que trabajan por prevenir este punible, tienen capacidades que se han venido fortaleciendo durante muchos años en los territorios donde está ausente el Ejército Nacional. Por otro lado, pienso que es importante habilitar espacios protectores para reconocer a esta población como sujetos de derechos y fortalecer sus capacidades. Es necesario trabajar en distintos frentes (como la familia, la colegiatura) para reducir los casos de violencia, abuso sexual, explotación y trabajo infantil, y mejorar las relaciones entre padres, madres e hijos. También en la escuela, para promover junto con los docentes espacios de convivencia, respeto, equidad de género y participación. Y en la comunidad, para que los líderes comunitarios y organizaciones promuevan los derechos de los niños y las niñas, y fortalezcan las redes de protección.
