Nacional. La Corte Constitucional echó para atrás la reforma a la Ley de Garantías que el Congreso aprobó el año pasado en el Presupuesto 2022.
La modificación permitía que en tiempos electorales la Nación tuviera la facilidad de celebrar convenios interadministrativas con entidades territoriales.
De acuerdo con la magistrada Diana Fajardo, ponente, indicó que todos los convenios administrativos que fueron suscritos mientras estuvo vigente la reforma deben ser liquidados.
Como se sabe, la ponencia inicial decía que los convenios que se hayan suscrito y, al momento de tomar esta decisión, ya estuvieran ejecutados no se verán afectados por ser una situación consumada, razón por la cual se mantendrían.
Pero, los que a hoy estén en etapa previas y luego de esta decisión tomada por la Corte, deberían terminarse y liquidarse inmediatamente “suscribiendo el documento respectivo y sin perjuicio de las restituciones a que haya lugar”.
La decisión de la Corte se conoce tras estudiar más de 30 demandas contra la reforma, en las que se estableció que la norma es inconstitucional. Según sus detractores argumentaban que la medida favorecía al oficialismo en época electoral y no podía ser tramitada en una ley ordinaria sino estatutaria.
Por lo anterior el Gobierno explicó que la reforma era necesaria para contrarrestar los efectos de la pandemia de covid-19 y para la reactivación económica.
“Ya que, con este artículo puede transferir recursos y adelantar proyectos de manera más expedita. Esto trae consigo la generación de empleo y progreso para las regiones”, señala el concepto.
